A pesar de los cambios a nivel político acaecidos luego de la llegada al poder del nuevo gobierno militar encabezado por el General Abdulsalami Abubakar en 1998, la situación de los derechos humanos en Nigeria no ha mejorado esencialmente. Miembros de organizaciones de la sociedad civil -algunas de las cuales comprometidas en causas ambientales- son frecuentemente víctimas de abusos por parte de efectivos militares y policiales. Luego de la muerte de Ken Saro Wiwa, en noviembre de 1995, vinculada a la lucha del pueblo Ogoni en defensa de sus derechos territoriales frente a la Shell, la situación de los ambientalistas y defensores de los Derechos Humanos presos en Nigeria ha generado gran preocupación a nivel mundial.
Los días 4 y 23 de marzo de 1999 el gobierno militar anunció la liberación de la mayor parte de los prisioneros políticos que estaban todavía en prisión. Se trata de un grupo de por lo menos 39 personas, prisioneros de conciencia y posibles prisioneros de conciencia detenidos en conexión con actividades vinculadas a un supuesto golpe de estado. Quienes de entre ellos recuperaron su libertad confirmaron la información brindada por otros ex-prisioneros, liberados con anterioridad, así como por ex-funcionario del gobierno, de acuerdo con la cual el argumento del golpe era un invento del gobierno utilizado para meter a la cárcel a influyentes críticos de su gestión, a periodistas y a otros defensores de los derechos humanos. Asimismo fueron denunciados graves casos de tortura.
Este proceso no presenta una tendencia clara. Tres activistas ambientales -los señores Sagbama Owei Okpo, Akpobarelo Didiya y Sea Mum Kuku- permanecen detenidos por la policía desde el día 20 de marzo. Su supuesto "delito" fue llevar consigo documentos de carácter público. Los tres permanecen en confinamiento solitario en las celdas de la Oficina Estatal de Investigaciones e Interrogatorios en Yenagoa, Estado de Bayelsa. Se les ha negado el derecho de visita por parte de familiares y amigos, así como asistencia médica, pese a que su salud se está deteriorando. Se ha denunciado también que han sido objeto de torturas, malos tratos y humillaciones durante el cautiverio.
A lo anteriormente referido puede agregarse que el gobierno aún no ha revocado el Decreto de Seguridad del Estado (Detención de Personas) nro. 2 de 1984, que habilita la detención indefinida -sin formulación de cargos y sin sometimiento a juicio- de quienes se considere hayan amenazado la seguridad de la economía del estado. Los reclamos presentados por las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y sus defensores en relación con la responsabilidad por las muertes de prisioneros políticos mientras se encontraban en detención, y por los asesinatos políticos bajo sospecha de ser ejecuciones extrajudiciales a cargo de fuerzas del gobierno, no han recibido respuesta alguna.
Fuentes: Environmental Rights Action (ERA), 28/3/99; Global Response, 2/4/99, basado en un informe de Amnistía Internacional de fecha 31/3/99.