En febrero pasado, en el poblado de Rosita, sobre la costa del caribe nicaraguense, se reunieron representantes de los pueblos indígenas Sumus y Miskitos, autoridades locales y regionales, ONGs y líderes comunitarios y religiosos, con el fin de considerar las actividades ilegales de la empresa transnacional coreana Kimyung, que operaba a través de su subsidiaria SOLCARSA. La misma es responsable de la invasión de tierras comunales y de la destrucción de la selva y los medios de vida de la población local. El encuentro aprobó una declaración por la que se exigía la inmediata suspensión de la concesión otorgada a la compañía (ver boletín del WRM nro. 11). A la ONG ambientalista Centro Humboldt, presente en el evento, se le asignó la tarea de realizar la evaluación del impacto ambiental provocado por las actividades de SOLCARSA.
Entretanto, se constituyó una nueva compañía maderera, denominada PRADA S.A., la que incluye algunos de los personeros de la anterior SOLCARSA y al conocido hombre de negocios nicaraguense Blandon Moreno. El Centro Humboldt entiende que las operaciones reiniciadas por la nueva compañía en el mes de agosto son ilegales debido a las siguientes razones:
1. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que ordena la suspensión de la concesión otorgada a SOLCARSA --comprendida también su planta de fabricación de compensado-- se encuentra todavía vigente.
2. Hasta el momento el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) no ha otorgado el necesario Documento de Impacto Ambiental a la planta. Debido a ello, SOLCARSA fue multada por el MARENA tras haber completado la construcción de la planta, sin la correspondiente evaluación de impacto ambiental.
3. La nueva compañía no cuenta con la aprobación del Concejo Regional Autónomo de la Costa Norte Atlántica, un requerimiento establecido por la Ley de Autonomía para toda inversión a realizarse en la región.
4. PRADA S.A. ha comenzado a operar utilizando un permiso ambiental otorgado por el Concejo Municipal de Rosita. Sin embargo, dicha resolución es ilegal, puesto que las autoridades locales no están legalmente autorizadas a emitir ese tipo de permisos, los cuales entran en la competencia del MARENA
A la luz de las consideraciones anteriores, el Centro Humboldt solicitó al MARENA que aplique la ley y que las operaciones de PRADA S.A. sean inmediatamente suspendidas. La compañía reaccionó iniciando un juicio por injurias contra Víctor Campos, representante del Centro. El 10 de setiembre, cuando el acusado se presentó por primera vez frente al juez, representantes de organizaciones ambientalistas e indígenas manifestaron en las calles fuera de la corte, llevando pancartas que decían: “No a la destrucción de la selva tropical, no a la violación de los Derechos Humanos”, “En Nicaragua se pierden anualmente 150.000 hectáreas de bosques, para el año 2025 estará todo destruído”. Entretanto los transeúntes firmaban una petición en apoyo de la protesta.
De acuerdo con la Red Forestal de Nicaragua, las autoridades están manteniendo un silencio administrativo, mientras la compañía ha continuado sus tareas de carácter ilegal durante más de un mes. El juez rechazó un pedido de apelación a la demanda presentada contra el Centro Humboldt. Los ambientalistas manifestaron: “Nosotros no dudamos de que el poder del dinero está trabajando activamente en este caso. Nosotros también fuimos víctimas de calumnias por parte de la compañía mediante espacios pagos en la prensa, así como de persecusión contra colegas de nuestra organización.”
El MARENA invitó a las organizaciones ambientalistas a una reunión, donde les propuso la realización de una completa auditoría ambiental. Sin embargo, muchos de los presentes se opusieron a la idea, considerando que la misma podría terminar por legitimar las acciones ilegales de la compañía coreana. Exigieron en cambio el cierre de la empresa. En el encuentro, el Centro Humboldt entregó un documento con las firmas de solidaridad y los mensajes de apoyo recibido de todas partes del mundo.
La decisión judicial es esperada para los próximos días. Mientras tanto, la situación sigue todavía sin resolverse.
Fuente: Centro Humboldt, Nicaragua.