Organizaciones de todo el mundo enviaron, el pasado 5 de abril, una carta a las autoridades nacionales de Guatemala para pedir un freno inmediato a la violencia, criminalización y abuso sobre comunidades campesinas e indígenas que lleva a cabo la empresa de aceite de palma Industria Chiquibul en el municipio de Sayaxché, en la región norte del país.
Al mismo tiempo, las 115 organizaciones de 39 países expresaron su apoyo y solidaridad con la comunidad Maya Q'eqchi Santa Elena y exigieron detener el “el falso proceso de consulta y certificación internacional completamente irracional iniciado por Industria Chiquibul junto a la RSPO (Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible)”.
La carta fue dirigida a la Presidencia de la República, a los ministerios de Agricultura y de Ambiente, a las comisiones de Derechos Humanos y de Ambiente del Congreso de la República, y al Ministerio Público. En ella, se enumeran una serie de hechos sufridos por las comunidades, entre ellos: instalación ilegal de un destacamento de fuerzas de seguridad de la empresa, amenazas, intimidación con armas y criminalización operada en complicidad con la Policía y el Sistema Judicial, que incluyen falsas acusaciones y detenciones arbitrarias.
Las organizaciones advierten que lejos de ser hechos aislados, la situación responde un patrón de violencia intrínseco a la industria de la palma aceitera. “En la última década, la empresa Industria Chiquibul (Unisource Group S.A.) ha acumulado un rastro de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, incluyendo la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina, contaminación del río San Román, criminalización (...) violaciones a los derechos laborales y deforestación”. Asimismo, denuncian la violencia sistemática que se ejerce hacia las mujeres cuyos territorios han sido invadidos o cercados por las plantaciones de palma aceitera.
Acceda a la carta completa aquí.