¿Qué clase de desarrollo es éste? Si al gobierno le importa el desarrollo, debería incluir a la gente, para que podamos considerarlo nuestro y aprovechar lo que trae consigo. Pero en este tipo de desarrollo, la gente pierde todo. (Conversación con residentes de una aldea afectados por la concesión de Pheapimex en el distrito de Krakor, provincia de Pursat, Camboya. Marzo de 2010.)
En Camboya y en la República Democrática Popular de Laos, la explotación rápida e intensiva de la tierra y los recursos naturales por parte de inversores estatales y privados está aumentando la inseguridad territorial, la falta de tierras, la destrucción ambiental, la migración forzosa y la pobreza.
Más del 70% de la población de ambos países reside en zonas rurales y practica la agricultura de subsistencia y la pesca artesanal. Laos es un país rico en recursos naturales y biodiversidad, y se ufana de sus soberbios paisajes de ríos, montañas, bosques, mesetas y llanuras aluviales. En él viven unas 10.000 especies de animales, plantas, insectos y peces, muchas de las cuales están desapareciendo debido a la desaparición de su hábitat. Laos también es una de las zonas más importantes del mundo en lo referente al arroz, del cual posee una sorprendente variedad de semillas tradicionales, además de importantes conocimientos indígenas sobre su cultivo y resilencia. Camboya contiene aproximadamente 10,7 millones de hectáreas de bosques tropicales de varios tipos, que motosierras y topadoras están destruyendo rápidamente. Sus paisajes están delineados por numerosos arroyos, lagos, pantanos y ríos donde se reproduce una gran variedad de peces y moluscos. En ese país está el famoso Tonle Sap, el mayor lago de agua dulce del Sudeste Asiático, que triplica casi su superficie durante la estación del monzón.
Sin embargo, en ambos países el desarrollo está convirtiéndose en sinónimo de inversión privada. Como en muchos países asiáticos, el modelo de desarrollo dominante prioriza la integración con los mercados regionales y mundiales, así como el rápido crecimiento económico, sin importar las consecuencias ecológicas y sociales. Se busca la inversión privada en prácticamente todos los sectores de la economía, desde la energía, el petróleo, los minerales, la agricultura y el procesamiento de alimentos, hasta la educación, la salud, el turismo, la manufactura, la farmacéutica, el transporte y la infraestructura urbana. Ambos países dependen en gran medida de la ayuda extranjera, que suele llegar enrabada con oportunidades de inversión para empresas de los países donantes. Los planes de desarrollo nacionales se ven favorecidos por arreglos económicos promovidos por instituciones multilaterales y grupos tales como el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Grupo Banco Mundial y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
La mayoría de los proyectos de inversión a gran escala tienen como centro la explotación de la tierra, del agua, de los minerales y del potencial agrícola. El gobierno de Laos presenta al país como un destino atractivo para la inversión, y cita entre sus ventajes la abundancia de recursos naturales, las grandes extensiones de tierras fértiles, una industria turística floreciente, un aprovisionamiento confiable de energía, el escaso riesgo de desastres naturales, la estabilidad política, y el acceso privilegiado a la Unión Europea y a varios otros mercados. El Gobierno Real de Camboya (GRC) ofrece generosos incentivos a los inversores extranjeros, con arrendamiento de tierras a largo plazo y a precios regalados, exoneración de impuestos, pocas restricciones a las importaciones desde el extranjero y posibilidad de repatriar los beneficios.
Tanto en Camboya como en Laos, las plantaciones agroindustriales se han vuelto un flagelo. Millones de hectáreas de tierras agrícolas, forestales y comunales han sido transferidas a empresas estatales y privadas, para el cultivo de árboles del caucho, pinos, acacias, eucaliptos, árboles de madera dura, maíz, mandioca y caña de azúcar. El último inventario realizado por LICADHO, una organización para los derechos humanos de Camboya, muestra que 3.936.481 hectáreas han sido otorgadas a actividades mineras y a concesiones económicas de tierras (ELC según el inglés), de las cuales 2.036.170 hectáreas fueron destinadas a plantaciones agroindustriales de caucho, mandioca y caña de azúcar. Las ELC cubren casi el 53% de la tierra arable del país, y 346.000 hectáreas están ubicadas en zonas de conservación. En Laos, un inventario realizado en 2010 por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras mostró que la superficie cubierta por concesiones es de 1.400.000 hectáreas, e incluye más de 760 proyectos, entre los cuales figuran 375.000 hectáreas de plantaciones agroindustriales, principalmente de caucho y eucaliptos.
Los inversores provienen de la India, Vietnam, China y Tailandia, y también de países más lejanos, como Singapur, Corea del Sur y Australia. Esas inversiones han sido promovidas por muchos donantes bilaterales, como el Banco Asiático para el Desarrollo, el Banco Mundial y firmas consultoras privadas, como una estrategia para maximizar la rentabilidad económica de los bosques “degradados” y las tierras “ociosas” o “infrautilizadas”, acrecentar la reforestación y aliviar la pobreza. Recientemente se ha comenzado a proponer nuevas formas para extraer ingresos de los recursos naturales, en el marco de la “economía verde”.
A fines de marzo, Camboya, Laos, Birmania, Tailandia y China firmaron un pacto para acrecentar el comercio entre ellos, con la venta de caucho a China como principal objetivo. Camboya ya tiene 204.800 hectáreas de plantaciones de caucho, en concesiones por un período de 70 años, y con miras a expandirlas hasta 300.000 hectáreas de aquí a 2020, principalmente para exportación hacia China. En Laos, el acuerdo forma parte del plan de desarrollo agrícola nacional, y el contrato incluirá aproximadamente 270.000 hectáreas de plantaciones de caucho.
Hay cada vez más evidencias de que estas ELC ofrecen pocas ventajas, o quizás ninguna, para la economía nacional, y de que tienen en cambio importantes consecuencias para los medios de vida y las economía de las comunidades locales, agravadas por la violación de derechos humanos y la destrucción de diversos paisajes, bosques y ecosistemas nativos. Las plantaciones requieren el uso intensivo de fertilizantes químicos, pesticidas y herbicidas, que degradan los suelos y los vuelven áridos, y que envenenan los acuíferos y las fuentes de agua superficial. Muchas plantaciones se acompañan con plantas de procesamiento ubicadas en las cercanías, que consumen enormes cantidades de agua y energía, mientras las comunidades locales no disponen de ellas.
Las ELC han desplazado a poblaciones locales de sus aldeas, campos, bosques y ocupaciones tradicionales. En muchos casos, las comunidades se ven forzadas a cambiar la ubicación de sus aldeas. Cuando pueden permanecer en su aldea, no se les permite usar los bosques y tierras circundantes ni las tierras públicas para pastoreo, puesto que ahora pertenecen a los inversores. Se ha vuelto común que los inversores invadan bosques y tierras comunales o públicas afirmando que forman parte de sus concesiones. Las comunidades de la zona de plantaciones de Pheapimex, en las provincias camboyanas de Pursat y Kamponc Chnang, señalan la pérdida de bosques comunales, fuentes de alimentos silvestres, reservas de fauna poco corriente, sitios espirituales sagrados, arroyos y manantiales, tierras de pastoreo, arrozales e incluso casas y aldeas. Según una mujer perteneciente a una aldea afectada por una ELC:
Los bosques que la compañía está desmontando no están degradados; son bosques donde conseguimos alimentos, raíces, plantas medicinales y otros elementos para vivir. Hemos protegido esos bosques durante décadas. Ahora, la compañía quiere arrancarlos de raíz, se va a llevar todo; va a vender la madera noble y eliminar todas las plantas. Nada va a crecer allí naturalmente. Lo que la compañía va a plantar en esa zona no será un bosque; van a plantar árboles de los que no podemos comer ni las hojas. (Una residente de la comuna de Ansar Chambok, distrito de Krakor, provincia de Pursat, Camboya, 9 de abril de 2010.)
Las empresas inversoras suelen violar los convenios escritos, pero pocas veces se enfrentan a la censura o a medidas punitivas del Estado. Prometen empleo, escuelas, centros asistenciales, caminos y demás infraestructura, pero raras veces cumplen lo prometido. La experiencia desmiente las promesas de empleo y de mejor nivel de vida. Según los aldeanos que luchan contra la empresa Pheapimex en Kampong Chnang, Camboya, los que trabajan en las plantaciones lo hacen en condiciones muy malas: sus fuentes de alimentos han sido destruidas, no tienen dinero para comprar comida, y sólo reciben unos pocos tazones de arroz aguachento por largas jornadas de trabajo agotador. Pasan meses sin cobrar nada. Vuelven a sus casas enfermos, cansados, debilitados y sin dinero alguno.
Para la gente que se ve desposeída y desplazada por el desarrollo basado en la inversión, la supervivencia implica una lucha cotidiana. Los discursos de autoridades, donantes y financieros sobre la promoción de “inversiones de alta calidad, ambiental y socialmente responsables” no suenan convincentes, al no haber marcos regulatorios que protejan los derechos a la tierra, los recursos, la alimentación y los medios de vida de la población rural, y que sancionen a los inversores que violen esos derechos. El fuerte crecimiento económico al que apuntan Camboya y Laos gracias a proyectos de inversión agroindustrial costará caro a la población rural, que es la que realmente hace un aporte a la sociedad al producir alimentos, al cuidar de ecosistemas frágiles y al regenerar la biodiversidad y la riqueza ambiental. Para encarar el desarrollo con auténtica responsabilidad, los gobiernos deberían reconocer la importancia de lo que invierten las comunidades rurales en mantener la seguridad alimentaria, las fuentes de ingresos y la economía, y apoyarlas en dicha tarea.
Por: Shalmali Guttal, Focus on the Global South. Abril 2012.
