El gobierno de Alan García está impulsando el proyecto de ley 840, conocido también como “Ley de la Selva”. Se trata de una ley referida a la promoción de la inversión privada en reforestación y agroforesteria, por la cual las tierras sin cubierta boscosa de la Amazonía peruana --denominadas erróneamente deforestadas y eriazas, es decir, sin derechos adquiridos sobre ellas-- podrían adjudicarse en régimen ya no de concesión sino de propiedad privada. Esto abriría la puerta a los grandes capitales para establecer plantaciones de árboles en gran escala, que es a lo que suele dar lugar el término "acciones de reforestación".
El argumento es que para incentivar la reforestación es necesario atraer la inversión privada y dar seguridad a los inversionistas. Para ello no alcanza con darles una concesión de 40 años renovables, como lo establece la Ley Forestal vigente, sino que hay que darles las tierras “en propiedad”, es decir para siempre. Por otro lado, cuando el Estado entrega las tierras en propiedad, ya no podrá controlar o exigir de la misma forma que con la concesión.
Existe una fuerte resistencia al proyecto, entre otras cosas, porque va contra del art. 66 de la Constitución, que establece el carácter público de los recursos naturales renovables y no renovables. También se denuncia que no existe un catastro preliminar que delimite cuántas son las áreas deforestadas en las que se puede invertir y dónde están, con lo cual la ley se convertiría en un incentivo perverso para alentar la deforestación y arrasar la Amazonía.
Por otra parte, en Loreto (como en Ucayali o en Madre de Dios) no existen grandes áreas deforestadas libres o eriazas, según se denuncia en un artículo publicado por Servindi (1). Se aclara que “el modelo agrícola tradicional de tala y quema, empleado por los campesinos e indígenas, implica dejar en descanso por 10 ó 20 años el terreno cansado para que se empurme y se recuperen los nutrientes del suelo. La mayoría de las purmas [bosques secundarios en proceso de regeneración] en Loreto tienen dueño, aunque carezcan de título”. Si bien también ocurre que “de las cerca de 2.500 comunidades indígenas y campesinas que hay en Loreto, menos de 500 están tituladas, y el resto carece de ningún documento que certifique sus derechos de posesión sobre chacras, purmas y bosques que usan y han usado por cientos de años para su subsistencia”.
El 17 de febrero se realizó la Primera Cumbre Amazónica, en Pichanaki, Junín, en la que, entre otras cosas, se proclamó el derecho de las comunidades nativas a las tierras de la Selva Central y la Amazonía y se rechazó “la pretendida intención del Gobierno de Alan García, de poner en subasta nuestra Amazonía a favor de grandes capitales extranjeros” (2).
La Segunda Cumbre Amazónica se llevó a cabo el 12 y 13 de este mes en Pucallpa, región Ucayali. En la oportunidad se relanzó la “Plataforma de los pueblos originarios amazónicos ante al estado peruano y la comunidad internacional frente al mundo unipolar” (3). En su plan de acción figura exigir “el archivamiento definitivo del paquete legislativo que contiene el Proyecto de Ley de la Selva”, porque “con esta propuesta de Ley se tiene la intención de despojarnos de nuestros territorios y de los recursos naturales de la Amazonía; por lo cual pedimos que se tome en cuenta nuestra propia iniciativa de desarrollo comunitario como pueblo, y no ser discriminados para favorecer al gran capital”.
Se produjeron numerosas manifestaciones y huelgas en la zona de la selva central en rechazo a la ley 840. En marzo de este año, en la página web de “Con nuestro Perú” se informa que “Varios miles de indígenas de los pueblos Shipibo, Konibo, Ashaninka, Yine y Cocama recorrieron ayer las principales calles de la ciudad de Pucallpa para pedir al Estado peruano archivar los proyectos de Ley 840 y 2133 o Ley de la Selva. A la marcha pacífica, considerada una de las más grandes manifestaciones indígenas realizadas en la región, se sumaron estudiantes, profesionales y alcaldes indígenas”(4).
Según informes de Servindi (5), el Grupo Romero está detrás de la iniciativa gubernamental y cuenta con diez millones de dólares para comprar dos millones de hectáreas de tierra en la Amazonía apenas se apruebe el proyecto. Una parte de los dos millones de hectáreas se dedicarían a la siembra de plantaciones forestales para captura de carbono, que, gracias al mecanismo habilitado por el Protocolo de Kyoto, pretende comercializar en la Bolsa de Nueva York. También se beneficiarían las administradoras de fondos de pensiones, algunos grupos de poder y altos funcionarios del actual gobierno.
Tal como se pronunció la Primera Cumbre Amazónica, “Declaramos en emergencia la Amazonía, por el peligro que se cierne sobre nuestros pueblos y llamamos a cada una de las Regiones de la Amazonía para prevenir la consumación de la violación de nuestros derechos humanos y constitucionales, del derecho a la vida y medio ambiente, a la biodiversidad de nuestros recursos hídricos y energéticos”.
Artículo basado en información proporcionada por Alain A. Salas Dávila, ONG Incodes, c.e. ongincodes@malko.com, www.malko.com/ongincodes y Carlos Felipe Dávila Obregón, c.e.: carlosfelipedaob@yahoo.es
(1) “Ley de la Selva y Desarrollo Regional”, José Álvarez Alonso, Servindi, http://www.servindi.org/archivo/2008/3346
(2) Primera Cumbre Amazónica, 16 y 17 de Febrero de 2008, http://www.wrm.org.uy/paises/Amazonia/Cumbre.pdf
(3) Plataforma de los pueblos originarios amazónicos ante al estado peruano y la comunidad internacional frente al mundo unipolar, http://www.wrm.org.uy/paises/Peru/Pueblos_Originarios_Amazonia.pdf
(4) Indígenas de Ucayali marchan contra Ley de la Selva, 20 de marzo de 2008, http://www.connuestroperu.com/index.php?option
=com_content&task=view&id=1681&Itemid=32
(5) Perú: ¿Por qué es criticado el Proyecto 840, “Ley de la Selva”?, enero de 2008, Servindi, http://www.servindi.org/archivo/2008/3332
