El 9 de julio de 2008 el Senado brasileño aprobó una disposición del Poder Ejecutivo denominada “medida provisoria”, sujeta a la aprobación posterior del Poder Legislativo. La disposición ha sido duramente cuestionada por ambientalistas y diversos sectores políticos y sociales de Brasil, incluida la ex ministra de Medio Ambiente y ahora senadora, Marina Silva.
En las décadas de 1970 y 1980, los gobiernos dictatoriales de la época brindaron incentivos para la ocupación de la Amazonía, beneficiando a grandes latifundistas que se consolidaron en la región y se apropiaron ilegalmente de tierras públicas. Esa situación generó conflictos con las poblaciones tradicionales de la zona.
Ahora, en una tercera tentativa, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó el pasado mes de junio la “medida provisoria” devenida en ley (Proyecto de Ley de Conversión 09 (PLV)), que había sido aprobada por la Cámara de Diputados y posteriormente la de Senadores. Con ello se regulariza la situación de los ocupantes de más de 67 millones de hectáreas de tierras estatales en la Amazonía Legal – que comprende un total de 508,8 millones de hectáreas en los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins y parte de Maranhão.
Hasta ahora la concesión de tierras públicas –del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria- a particulares, para uso rural y sin exigencias como la licitación, estaba limitada a unidades de 500 hectáreas. La medida legal amplía ese límite a 1.500 hectáreas. Esto implica que la regularización dejará un 72% de las tierras bajo el control de apenas un 7% de ocupantes, quienes podrán explotarlas en agricultura y ganadería y pasados tres años podrán ponerlas en venta.
Las denuncias apuntan a que la medida no distingue entre los ocupantes campesinos, generalmente familias que se han establecido para trabajar la tierra (“posseiros”) y los especuladores – tanto quienes tratan de conseguir la mayor cantidad de parcelas para luego revenderlas a mayor valor, como quienes se han adueñado de la tierra por medio de la violencia, generalmente grandes terratenientes (“grileiros”) que crean una verdadera mafia y fraguan documentos y títulos de propiedad en zonas signadas por los conflictos y la deforestación.
Para Marina Silva, la medida “va a significar un proceso de privatización de tierras, de legalización de áreas de las que se han apropiado ilegalmente [Grilagem: Escrituración y apropiación ilegal de tierras] y con graves perjuicios para el Plan de Combate a la Deforestación de la Amazonía”.
Ariovaldo Umbelino, Profesor de Geografía Agraria de la Universidad de São Paulo explica: “Otra parte de esta ingeniosa operación para legalizar la apropiación de tierras del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) en la Amazonía Legal, fue el aprovechamiento del aumento de la deforestación en aquella región para realizar el nuevo registro de los inmuebles. Éste va a permitir que los “grileiros” que todavía no tenían registradas las tierras públicas de las que se apropiaron hasta diciembre de 2004, pudiesen ahora hacerlo, y así habilitarse para ‘comprar’ las tierras de las que se apropiaron sin licitación. Además, la noticia en el sitio web del INCRA sobre el nuevo registro, de forma absurda ya reconoce a los “grileiros” como “posseiros”: ‘Los dueños o “posseiros” de áreas mayores a cuatro módulos fiscales [...] tendrán que llevar al Incra, entre el 3 de marzo y el 2 de abril, documentos que comprueben la titularidad o posesión pacífica de la tierra, plantas y memorias descriptivas con la correcta ubicación geográfica de los inmuebles rurales’ (http://www.incra.gov.br). Es preciso aclarar que los predios de las familias campesinas en la Amazonía ocupan menos de 100 hectáreas y que los cambios previstos en la nueva legislación sirven para regularizar las apropiaciones de tierras públicas que corruptos funcionarios del INCRA ‘vendieron’ ilegalmente al agrobandolerismo.” (1)
Según Nilo D’Ávila, de Greenpeace, “La tendencia es que las mayores y mejores propiedades queden en manos de especuladores inmobiliarios y de personas que no viven de esta tierra. La puerta de especulación inmobiliaria de tierras en la Amazonía está totalmente abierta. Y el resultado de la suma de esas acciones que el gobierno está provocando va a ser igual a deforestación”.(2)
Vale la pena señalar que la presión de las organizaciones sociales y ambientales logró cierta mejora a la medida original. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva introdujo un veto al artículo 7 de la disposición, que permitía la transferencia de tierras a personas jurídicas o individuos que no habitaran en la región y administraran sus terrenos mediante testaferros. No obstante, las críticas apuntan a que puede no resultar significativo en la medida que los especuladores no suelen actuar como personas jurídicas.
La reforma agraria, que trabajosamente la movilización popular logró introducir en la constitución, está siendo “bloqueada”, según palabras del coordinador del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), Joao Stedile. Denunció que "tierras que deberían ser utilizadas para la reforma agraria, se están destinando a empresas extranjeras para la producción de eucaliptus, soja, ganado y agrocombustibles". (3)
Según datos del MST “En 1992, había poco más de 19 mil latifundistas con más de 2 mil hectáreas, que en conjunto sumaban 121 millones de hectáreas. En 2003, el número de esas propiedades aumentó a 32 mil (casi duplicó), y el área total suma 132 millones de hectáreas. En 11 años, 12 millones de hectáreas fueron apropiadas por el latifundio”. (4)
Son momentos en que se está produciendo un peligroso proceso mundial de apropiación de tierras por parte del agronegocio, en respuesta a las crisis financiera y alimentaria. Gobiernos y empresas se han lanzado a la búsqueda de tierras agrícolas en Asia y África, pero también están llegando a América Latina. China y Arabia Saudita están interesadas en adquirir tierras agrícolas en Brasil. Según el INCRA hay cuatro millones de hectáreas brasileñas registradas a nombre de extranjeros y más de la mitad se encuentra en la Amazonía.
Por el momento la fiscal general de la república interpuso ante el Supremo Tribunal Federal del Brasil un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de regularización de las tierras invadidas en la región amazónica, por considerar que es violatoria del artículo 188 de la Constitución que dispone que “el destino de tierras públicas y fiscales será compatibilizado con la política agrícola y con el plan nacional de reforma agraria”. Y más, afirma también en su artículo 191 que “aquel que, no siendo propietario de inmueble rural o urbano, posea como suyo, por cinco años ininterrumpidos, sin oposición, área de tierra, en zona rural, no superior a cincuenta hectáreas, volviéndola productiva mediante su trabajo o el de su familia, teniendo en ella su vivienda, adquirirá su propiedad.
No todo está dicho. La resistencia continúa.
(1) “A farra da legalização da grilagem”, 03/04/2008, Ariovaldo Umbelino, http://www.mst.org.br/
mst/pagina.php?cd=5162
(2) “MP da Grilagem beneficia poucos posseiros com muita terra na Amazônia”, 06/07/2009, Brasil de fato, http://www.brasildefato.com.br/v01/agencia
/nacional/mp-da-grilagem-beneficia-poucos-
posseiros-com-muita-terra-na-amazonia/
(3) “MST denuncia que está “bloqueada” la Reforma Agraria en Brasil”, AMARC-ALC, http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13954
(4) “MST evalúa Reforma Agraria en el país y critica al agro negocio”, 14/04/09, Adital, http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38204
