Pocos días atrás culminó la décima segunda sesión de la conferencia de las partes sobre Cambio Climático –COP 12-, con cuyo cierre se confirmó, una vez, más la escasa voluntad de los gobiernos y partes involucradas en buscar soluciones contundentes a la crisis climática a la cual estamos asistiendo. Lo que sí se evidenció fue el interés por promover el uso de las estrategias inventadas para solucionar la problemática climática, es decir aquellas basadas en mecanismos de mercado, destacándose en este grupo los proyectos de plantaciones forestales como sumideros de gases de efecto invernadero.
Entre los proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio –MDL-, los supuestos sumideros representados en las plantaciones forestales llaman ampliamente la atención de los agentes contaminadores de los países industrializados, entre otras razones porque permiten sostener el modelo causante de la crisis climática, son posibles de realizar en países empobrecidos a costos significativamente menores de lo que valdría en sus países y finalmente representan una fuente más de riqueza.
Pero toda esa suerte de proyectos requiere, como es apenas lógico, de grandes extensiones de tierra para ser llevados a cabo, tierras que hoy en día permanecen en gran porcentaje en manos de los pueblos indígenas, negros y campesinos del mundo, que a su vez se convierten en un obstáculo para los planes de expansión de los monocultivos.
Mientras en la COP se habla de la vulnerabilidad y el fondo de adaptación al cambio climático, debería tal vez pensarse en la alta vulnerabilidad de las comunidades locales a los proyectos en mención que como veremos más adelante ya comienzan a impactar de forma negativa territorios y comunidades.
El caso colombiano no es ajeno a esta realidad, lo cual puede inferirse en las declaraciones de miembros de la delegación oficial, quienes manifestaron estar participando de la COP motivados por la posibilidad de acceder a los recursos que puedan derivarse de los negocios del MDL.
El gobierno colombiano cuenta con una Oficina de Cambio Climático dentro del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT; en dicha oficina se encuentran registrados los proyectos forestales aprobados como MDL, es decir sumideros de carbono, los cuales a la fecha suman 8 aun cuando se deben contabilizar como 12 puesto que uno de ellos denominado Proyecto Forestal Nacional comprende 5 zonas del país.
La ejecución de estos 12 proyectos supone el uso de 222.885 ha, lo que representaría un incremento aproximado de 150% en el área ocupada por plantaciones en el país; sin embargo, esta cifra puede ser muy superior si tenemos en cuenta que uno solo de los proyectos plantea el uso de más de 100.000 ha sin que se tenga precisión acerca del área a ocupar. Como es de esperarse, el mayor porcentaje de especies a emplear corresponde a exóticas, tales como pinos, eucalipto, teca, melina y acacias.
A la fecha, únicamente dos de estos proyectos se encuentran en etapa de desarrollo en campo, permitiendo la evaluación parcial de uno de ellos y la identificación de visibles irregularidades y/o aspectos preocupantes (como ejemplo, más adelante se describirá la forma en la cual varios de estos proyectos se pretenden establecer dentro de territorios colectivos de comunidades indígenas).
Si observamos con mayor detenimiento uno de los proyectos en ejecución desde 2002, denominado Procuenca, tenemos que para abril de 2006 contaba con 3.200 ha de plantaciones establecidas, 60% correspondiente a pinos y eucaliptos. Pero, ¿cómo se está llevando a cabo el proyecto? Hagamos mención de los “contratos de cuentas en participación”, figura mediante la cual el proyecto involucra a los propietarios para que éstos pongan las tierras en las cuales se establecen las plantaciones y se les otorga un préstamo destinado a la reforestación comercial, dinero procedente de Certificado de Incentivo Forestal -CIF.
Lo anterior significa que el establecimiento de las plantaciones está siendo financiado con recursos del Estado colombiano, pero paralelamente lo hará con recursos provenientes de la venta de bonos de reducción de emisiones dentro del marco del MDL; en tal sentido, este proyecto es uno de los más avanzados, si no el más, en la negociación de bonos en el país. Respecto a estos dineros, los propietarios tienen claridad en cómo se distribuyen finalmente los recursos provenientes del CIF destinados a cubrir parte de la deuda adquirida, sin embargo no manejan ninguna información sobre cómo se distribuirán los recursos provenientes de los bonos de carbono, los que llegarán a manos del proyecto y no directamente de los ejecutores.
De otra parte, entre los actores involucrados en este sumidero aparecen aquellos identificados en el marco internacional como agentes con claros intereses en el negocio y el mercado de carbono; para citar algunos, además de los consultores particulares, tenemos a la FAO, que ha sido llamada a cumplir con las funciones de administración y asistencia técnica en aras de dar transparencia al proyecto; por otra parte, aparecen las grandes ONGs como Conservación Internacional (CI), encargada del componente de adicionalidad representada en el diseño de corredores biológicos. Al mismo tiempo, esta organización y el Banco Mundial se vislumbran como los dos principales clientes para la venta de los bonos en el mercado de los MDL.
Pasando ahora a los proyectos en espera de comenzar su ejecución, encontramos el correspondiente al Parque Nacional Natural Paramillo, donde de entrada debe cuestionarse la realización de una actividad forestal productiva dentro de un territorio cuyos usos están tácitamente restringidos a la investigación, la educación ambiental y la recreación pasiva. El objetivo presentado en este caso es el establecimiento de plantaciones forestales como estrategia para generar alternativas económicas para pequeños propietarios, garantizar la protección del parque nacional y fortalecer la conservación, lo cual es absurdo de concebir al sopesar este objetivo con los impactos generados por las plantaciones forestales, su manejo, aprovechamiento y en general por el modelo al cual están sujetas.
Por último, se tienen los proyectos diseñados para establecerse en territorios de comunidades indígenas. Uno de ellos se encuentra en la zona plana del departamento de Córdoba, el mismo donde se ubica el del Parque Paramillo; en éste el objetivo es el establecimiento de 1.500 ha de plantaciones para generar beneficios económicos para las comunidades indígenas, debemos suponer pertenecientes al pueblo Zenú que habita esta región.
El otro proyecto llamado Renacimiento de la Orinoquía pretende establecer más de 100.000 ha de plantaciones de palma aceitera, pino, eucalipto, caucho y acacias, entre otras especies, en los llanos orientales, específicamente en el departamento de Vichada; con el supuesto objetivo de generar alternativas económicas para la población indígena local. Lo primero que llama la atención aquí es el uso de territorios pertenecientes a comunidades indígenas; involucra las áreas de Marandua, Carimagua, Cimarron y el resguardo Wacoyo.
Otro asunto es la falta de especificidad del área a utilizar, puesto que para esta misma zona se presentó hace unos meses ante la Unión Europea la propuesta de crear allí el más grande sumidero de carbono del planeta, 3 millones de ha. Tal labor estuvo a cargo de Carlos Gustavo Cano, actual miembro de la junta directiva del Banco de la República, pero otrora ministro de agricultura encargado de presentar la actual ley forestal ante el Congreso, la misma que eliminó todo el control que existía para el establecimiento y manejo de plantaciones y facilitó la inversión de capital privada en la explotación de las selvas colombianas.
Los dos últimos proyectos representan una serie de amenazas para los territorios y las comunidades indígenas del país. En primera medida está el escenario creado por la ley forestal, la cual eliminó el requisito de solicitar permiso para el establecimiento de plantaciones, limitándolo sólo al registro de las mismas, lo que significa que ahora no se hace revisión si los monocultivos se superponen con territorios colectivos, zonas de protección o conservación, condiciones que imposibilitarían estos proyectos. Lo mismo sucede con el tema de aprovechamiento y manejo de las plantaciones.
Por otra parte, se tiene la violación al legítimo derecho de las comunidades indígenas a la “Consulta Previa”, lo cual se logra durante el presente gobierno mediante la creación de una nueva reglamentación que limita la consulta a proyectos que requieran “Licencias Ambientales”, lo cual como acabamos de ver fue eliminado para el caso de las plantaciones por la ley forestal. De esta forma, las comunidades no tienen la posibilidad de decidir sobre las actividades pensadas por terceros para instalar en sus territorios, con los impactos venideros que ya hemos descrito.
Por Diego Alejandro Cardona Calle, CENSAT Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, correo electrónico: bosques@censat.org