Boletín Nro 232 – Julio/Agosto 2017

Esta edición del boletín del WRM está enfocada en una de las estrategias clave que vienen utilizando las industrias (principalmente extractivas) para lograr expandirse bajo el marco de la llamada “economía verde”: las compensaciones por pérdida de biodiversidad. Consideramos importante alertar sobre el fuerte empuje corporativo que intenta lograr que los gobiernos flexibilicen sus leyes sobre medio ambiente y así acepten ciertas actividades industriales en áreas antes consideradas inviables. El único requisito es que se “compense” la pérdida por la biodiversidad que será destruida al implementar la actividad industrial.

En 2014, el gobierno de Gabón aprobó una nueva Ley de ‘Desarrollo Sostenible’, la cual establece que las compañías pueden compensar la destrucción que provocan en bosques o territorios tradicionales comprando ‘créditos de compensación’. Estos se dividen en cuatro tipos de créditos diferentes: créditos de carbono, créditos de biodiversidad, créditos de ecosistema y capital comunitario. Este último es definido como “la suma de los bienes naturales y culturales pertenecientes a una comunidad”.

“Es un absurdo, así como una injusticia, que nos arrebaten nuestro bosque argumentando que quieren protegerlo, cuando en realidad se trata tan sólo de una forma de seguir devastando, con sus minas, otro bosque en otro lugar.” Así es como nos recibió hace algún tiempo la asamblea de Antsontso, una pequeña comunidad en el alejado sur de Madagascar. Era septiembre de 2016. Por tercera vez en pocos años, la organización italiana Re:Common había decidido regresar a la isla para seguir desenmascarando la estafa de la compensación por la pérdida de biodiversidad, que favorece a las empresas mineras mientras que sume a las comunidades de todo el mundo en la miseria.

De cómo se instauraron las compensaciones por calidad del aire

BHP Billiton es la mayor empresa de minería y petróleo del mundo. Administra minas en 13 países y sus oficinas principales se ubican en Melbourne, Australia, y en Londres, Reino Unido, donde la empresa cotiza acciones en la Bolsa de valores de Londres.

La empresa Minera Panamá (MPSA), de propiedad de la empresa canadiense First Quantum, tiene una concesión en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón en Panamá, que abarca un área de 13.600 hectáreas insertas en un área protegida para explotar cobre a cielo abierto. Además, la empresa construyó un puerto de aguas profundas sobre el mar Caribe que ocupa un área de 200 hectáreas por el cuál sacará el mineral del país y una central de energía a base de carbón para proveerse de energía para sus operaciones. La concesión se ubica a unos 120 kilómetros al oeste de la Ciudad de Panamá. Para obtener las autorizaciones ambientales, la empresa ha presentado planes de “compensación por pérdida de biodiversidad”.

Un grupo de mujeres manifestantes organizaron un bloqueo a la mina de cobre Panguna para impedir la firma de un Memorando de Entendimiento entre el gobierno autónomo de Bougainville (ABG) y la empresa Bougainville Copper Limited (BCL). También obtuvieron una orden judicial para que el Memorando de Entendimiento no se pueda firmar hasta nuevo aviso. El Memorando de Entendimiento pretende permitir que BCL reabra la mina antes de junio de 2019. La mina de Panguna fue abandonada en 1989 después de que estallara un levantamiento armado y un movimiento por la independencia de Bougainville de Papúa Nueva Guinea que duró un año.

En noviembre de 2012 se encontraron dos mujeres muertas en el borde de una plantación de palma aceitera. Las muertes se entendieron como una clara advertencia a la aldea Klong Sai Pattana, en Surat Thani, sur de Tailandia. Las víctimas habían pasado los últimos cuatro años luchando contra la empresa palmícola Jiew Kang Jue Pattana Co. Ltd., en una disputa de tierras que ha involucrado a esta pequeña comunidad de alrededor de 70 familias. Durante décadas, Jiew Kang Jue Pattana Co. Ltd ha ocupado ilegalmente 168 hectáreas de tierra, donde plantó árboles de palma aceitera.

Ese es el título de un libro escrito por Mordecai Ogada y John Mbaria. “En muchas partes de África, la conservación va de la mano del control de las tierras en una forma u otra. Rara vez se practica sólo mirando las especies y los problemas; siempre supone el control de tierras, para mejor o para peor”, declaró Ogada durante una presentación de su libro en el Centro para África de la Universidad Estatal de Colorado en marzo de 2017. El video de una hora y media descubre muchos de los mitos, mentiras y verdades ocultas detrás de la industria conservacionista. Ver la presentación de Ogada (en inglés) aquí:

La mina Ambatovy, una masiva operación de ocho mil millones de dólares (en valor actual), está destinada a extraer níquel y cobalto del rico suelo de Madagascar. Se ha afectado directamente un bosque de 2.500 hectáreas y algunos hogares fueron desplazados como consecuencia de los controvertidos acuerdos de compensación que dividieron a la comunidad. Además de numerosas quejas sobre los impactos en el ambiente local, en 2012, el mal funcionamiento de una válvula provocó una fuga de dióxido de azufre, y 50 personas en la instalación resultaron envenenadas. Desde entonces han ocurrido tres incidentes similares. Las preocupaciones ambientales en torno al proyecto Ambatovy continuaron creciendo.

Este informe de la organización “War on Want” revela el grado en el que las empresas británicas controlan recursos minerales claves de África, en particular oro, platino, diamantes, cobre, petróleo, gas y carbón. En él se documenta cómo 101 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres - la mayoría de ellas británicas - controlan las operaciones mineras en 37 países del África subsahariana. Colectivamente controlan los recursos más valiosos del continente africano, con un valor de más de mil millones de dólares. El gobierno del Reino Unido ha utilizado su poder e influencia para garantizar que las empresas mineras británicas tengan acceso a esas materias primas en toda África.