En Chile, 25 años de implementación del modelo económico neoliberal han impactado fuertemente a los bosques nativos y las comunidades indígenas y locales del sur. Más de dos millones de hectáreas de plantaciones de pinos y eucaliptos alimentan una gran industria de la celulosa orientada a la exportación. En este período, cientos de miles de hectáreas de bosques nativos fueron convertidos en monocultivos forestales. Una acelerada concentración de la propiedad de la tierra, facilitada por subsidios estatales a las plantaciones, generó graves conflictos territoriales con las comunidades indígenas mapuche que se prolongan hasta el presente. Se multiplicaron los grandes proyectos de represas hidroeléctricas, carreteras, plantas de celulosa y proyectos de explotación masiva forestal con fuertes inversiones privadas, afectando territorios de bosques habitados por comunidades indígenas y campesinas.
La tenencia de la tierra y el acceso a los recursos naturales por parte de las comunidades también ha sufrido importantes cambios. A principios de los 80, las tierras comunitarias de gran parte de las comunidades mapuche de las zonas de valle y parte de la cordillera de la costa fueron divididas en propiedades individuales. En otras zonas, más aisladas y cubiertas de bosques primarios, los procesos de regularización de tierras indígenas aún están en proceso y algunas comunidades han optado por sistemas de tenencia comunitario, en tanto que otras están solicitando títulos individuales y muchas viven aún en tierras fiscales o de propietarios privados que nunca han vivido en el lugar.
A pesar de los cambios, las comunidades han seguido funcionando como tales, sosteniéndose los intercambios de mano de obra, semillas, plantas medicinales, conocimiento tradicional, así como la unión frente a amenazas externas. Se mantiene el uso diversificado, los sistemas de conocimiento tradicional y la visión que integra lo productivo, lo cultural y lo espiritual en la relación entre las comunidades y los bosques. Pero el contacto con la sociedad global no ha sido neutro; se generaron necesidades de ingresos en las comunidades, los sistemas de organización tradicional se debilitaron y es marcada la ausencia de continuidad organizacional y la baja representatividad de las grandes organizaciones indígenas y campesinas. En algunas zonas el debilitamiento de estas estructuras, la falta de oportunidades, capacitación y relaciones desiguales con el mercado ha obligado a las propias comunidades a destruir sus bosques para sobrevivir.
No es sino durante la última década, que programas con apoyo de la cooperación internacional han comenzado a fomentar el manejo y conservación de sus bosques con comunidades indígenas y campesinas. Finalmente, y como una expresión de un movimiento internacional, se ha comenzado a valorar el papel de estas comunidades en la conservación de los bosques. No obstante, los éxitos aún se mantienen a una escala local y son lentos los cambios de mentalidad para incorporar este nuevo enfoque entre los políticos, legisladores, servicios públicos y las universidades que forman profesionales y realizan investigación.
Es factible que en el mediano plazo el Estado incorpore el enfoque de manejo forestal comunitario y las universidades formen profesionales y desarrollen líneas de investigación en esta área. También es factible que los programas de apoyo con financiamiento internacional logren coordinarse entre ellos y con los servicios públicos. Es probable que las empresas forestales, particularmente aquellas que trabajan con bosque nativo, se asocien virtuosamente con las comunidades aledañas. Se avanza hacia una participación de las comunidades en la administración de las áreas silvestres protegidas. En el mediano plazo se puede esperar un aumento de las compras para devolución de tierras a comunidades indígenas por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Sin embargo, vale la pena preguntarse si la velocidad de este proceso no será demasiado lenta en relación a la tendencia opuesta de deforestación y degradación de bosques, distribución inequitativa de los beneficios de los bosques y debilitamiento de las comunidades.
¿Cómo afrontar el inevitable choque de la sociedad global a través de agentes tales como empresas transnacionales de forma que las comunidades se encuentren en un mejor pie para negociar, con seguridad en la tenencia de la tierra y acceso a sus recursos naturales? La negociación de actores es un camino necesario pero requiere ciertos balances de poder que ahora no existen para poder funcionar efectivamente sin afectar negativamente a las comunidades indígenas y locales.
Algunos cambios van más rápido de lo que quisiéramos y las condiciones para enfrentarlos muchas veces no están a la altura del desafío. La responsabilidad es fuerte para quienes están comprometidos con las comunidades y con los bosques de los cuales ellas dependen, al igual que el resto de la humanidad. No hay espacio para divisiones, falsa competencia ni ineficiencias; es fundamental trabajar en la base, influir en las universidades, a nivel político nacional e internacional en forma coordinada y coherente. Son necesarias las relaciones de colaboración y alianzas entre comunidades, conservacionistas y eventualmente empresas forestales o de ecoturismo. La creatividad en la búsqueda de opciones es clave, pero más aún lo es el empoderamiento y la participación de las comunidades que habitan zonas de bosques, por ser ellas las primeras interesadas en el uso sustentable de los mismos. Para ellas, el manejo comunitario es ciertamente deseable y posible, pero para hacerlo viable se requiere, además de lo anterior, cambios importantes en el actual modelo económico que se basa principalmente en el apoyo a las empresas privadas como estrategia de desarrollo. El problema no radica entonces en saber si las comunidades pueden manejar y conservar sus bosques --que sí lo pueden-- sino en determinar si el Estado está dispuesto a establecer las reglas de juego y entregar el apoyo para que esto sea posible, trabajando en forma coordinada con las organizaciones de la sociedad civil.
Por Rodrigo Catalán, correo electrónico: catalanr@terra.cl
