Luchas por los bosques
Cuando las empresas destruyen los bosques o restringen, e incluso prohíben, a los pueblos de los bosques el acceso a sus territorios, ponen en riesgo la forma de vida y hasta la existencia misma de esas comunidades. El WRM apoya las luchas de los pueblos en defensa de sus territorios y por su derecho a decidir cómo quieren vivir y utilizar los bosques de los que dependen.
Mientras que en la prensa se podía ver fácilmente el humo de los incendios forestales en Brasil, mucho más difícil era ver lo que había tras la cortina de humo del gobierno brasileño: acciones que llevarán a la selva a una rápida muerte.
Una visión feminista sobre los Bienes Comunes revela que la acumulación se opone a los principios básicos de compartir y sustentar: para recibir la abundancia de la naturaleza hay que asegurar que las necesidades (y no los deseos o la codicia) definan la extracción.
La visión del clima que aporta la climatología es extremadamente parcial y excluyente, y es solo una visión particular entre muchas otras.
La empresa australiana Base Resources fue autorizada a destruir el Bosque Mikea en tanto establezca un proyecto de compensación por pérdida de biodiversidad, lo que a su vez impone severas restricciones a las comunidades.
El gobierno afirma que la agricultura a pequeña escala es la responsable de la deforestación. Pero esta afirmación ignora las políticas del gobierno en conducir cambios en el uso de la tierra y mercados destructivos así como la exclusión de los pueblos indígenas con la creación de reservas.
La explotación laboral en la industria de las plantaciones de palma aceitera en Indonesia persisten y las principales víctimas son en su mayoría mujeres.
La Red de Organizaciones de mujeres de Tirúa, en el centro sur de Chile, está desplegando estrategias para que prevalezca la vida en un territorio que se ve fragilizado por la masiva invasión de plantaciones de árboles, que siguen siendo fomentadas por las políticas de estado.
Los pueblos autóctonos en Camerún no solo ven sus tierras amenazadas bajo una fuerte presión por parte de inversionistas estatales y corporativos, sino que además confrontan un sistema judicial discriminatorio que tiende a culpabilizarlos y criminalizarlos.