En el mes de julio de 2003 se denunció ante la opinión pública hondureña e internacional las medidas de intimidación y amenazas dirigidas a miembros del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), que culminaron con el asesinato de Carlos Arturo Reyes, de la comunidad de El Rosario, Municipio de Salamá, Olancho, el 18 de julio de 2003 (ver boletín No.72 del WRM).
Los representantes del MAO y de los organismos de Derechos Humanos locales y un grupo de ciudadanos de Canadá, Estados Unidos Francia, Italia y México presentes en el país conformaron una delegación internacional que visitó varias comunidades situadas en cuatro municipios del departamento de Olancho (Gualaco, San Esteban, Catacamas y Salamá) para recoger testimonios de los afectados y datos acerca de la situación de violencia en ésta y otras partes del país.
Se identificaron distintas problemáticas, relacionadas con:
- un conflicto agrario que provocó el desalojo violento de 23 familias
- la implementación de un proyecto hidroeléctrico que no goza de consenso entre la población del municipio
- el corte y el comercio ilegal de madera, así como con el actuar de las instituciones respecto a la protección del medio ambiente.
- los estragos causados por la explotación minera a cielo abierto, práctica que según testigos se encuentra en aumento
- la violencia, la coacción y las amenazas contra determinadas personas, muchas veces las que han tenido algún papel protagónico en algún movimiento social o que han manifestado cívica y pacíficamente su inconformidad con algunas decisiones políticas o con el actuar de determinados grupos.
Si bien los entrevistados destacan los estragos causados por la tala y la comercialización ilegal de madera, también denuncian la forma en que se diseñan y otorgan los planes de manejo por parte de las instituciones, en particular por la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (CODEHFOR). Uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con el modus operandi pues, por una parte la CODEHFOR tiene la tarea de supervisar la comercialización (a través del otorgamiento de planes de manejo y licencias para explotar el bosque), pero por otra parte esa misma atribución le confiere la responsabilidad de velar por el uso aprovechable y sostenible de los recursos. La compatibilidad de estas dos funciones ha sido puesta en duda por los ambientalistas, quienes basan sus críticas en el hecho de que muchos de los gerentes de CODEHFOR han estado o están directamente vinculados al negocio de la madera.
Por su parte, el procurador para el ambiente y los recursos naturales, aunque enfoca las denuncias en contra de individuos aislados que se dedican al tráfico de madera, reconoce a su manera que también ha faltado voluntad política al poder ejecutivo (CODEHFOR depende del poder ejecutivo mientras la procuraduría del ambiente depende del legislativo) para impulsar medidas que permitan actuar más eficazmente contra el tráfico ilegal de madera y la corrupción ligada a este tipo de actividad.
En este sentido, las medidas meramente coercitivas propuestas por las instituciones son percibidas negativamente por los actores de la sociedad civil comprometidos con la defensa del bosque. Según estos últimos, la llamada militarización no solamente no cumple el objetivo de detener la tala del bosque, sino que se vuelve un instrumento de legitimación para la ejecución de planes de manejo elaborados de acuerdo a los intereses de las grandes compañías madereras. Por otro lado, muchos de los entrevistados han denunciado que de acuerdo a esta lógica se ha buscado criminalizar acciones pacíficas, mientras subrayan que casi ninguno de los asesinatos perpetrados en contra de miembros del MAO ha sido investigado a fondo y esclarecido en todas sus implicaciones.
Pero mas allá de los conflictos entre ambientalistas y madereros directamente ligados a la explotación del bosque, se perfila un problema de gran alcance: el del agua. En todos los casos documentados por la delegación, destaca el vínculo entre la tala del bosque y la escasez de agua, como por ejemplo en San Pedro de Catacamas, donde la desaparición de los pozos ha llevado a la población a adoptar el bloqueo sistemático de las rastras de madera (camiones que transportan la madera en rollo) en su municipio. Eso pone de manifiesto el interés de la población de gestionar sus propios recursos, aspiración que no parece ser tomada en cuenta por parte de las instituciones correspondientes.
A su vez, la escasez de agua plantea un problema de seguridad alimentaria para la población, la cual, al ver fracasar sus esfuerzos para cosechar alimentos, emprende camino hacia las zonas más fértiles e irrigadas de las áreas nacionales protegidas (especialmente la reserva de la Biosfera del Río Plátano). Pero en este caso las fuerzas policíacas actúan expulsando a los que vienen desplazados de otras zonas, en cumplimiento de la ley ambiental. Así que, a falta de considerar todos los factores del problema, las víctimas de la degradación ambiental se ven convertidas en culpables de la misma.
Cabe señalar que en el marco del Corredor Biológico Mesoamericano se prevé unir la reserva de la biosfera del Río Plátano con la reserva de la biosfera de Bosawas (Nicaragua) en una zona transfronteriza. La población campesina de la reserva de Bosawas también ha sido expulsada por la falta de tierras a buscar terrenos donde sembrar. Las primeras 100 familias desalojadas en mayo pasado han sido abandonadas a su suerte en los terrenos pertenecientes a una cooperativa agropecuaria situada a orillas de la reserva. La prolongación de esta precaria situación así como la perspectiva de la ejecución de la segunda fase del desalojo --500 familias más-- amenaza con desatar un conflicto de grandes proporciones. Según información proporcionada por el director del proyecto Bosawas del Ministerio de Recursos Naturales (MARENA) de Nicaragua, uno de los factores determinantes para proceder a la expulsión ha sido la propuesta del Banco Mundial de financiar un proyecto de agua potable (y posteriormente de generación de energía eléctrica) que utilizaría los recursos hídricos de la reserva de Bosawas.
Finalmente, no deja de llamar la atención el auge de las concesiones mineras como efecto "colateral" de las políticas de explotación de los bosques. Para los pobladores la explotación maderera constituye una primera etapa, a la cual le sigue la explotación minera cuando el bosque se acabó. En ambos casos, la depredación afecta el abastecimiento de agua para las poblaciones afectadas (escasez debido a la tala de bosque y contaminación por cianuro en el caso de la explotación minera).
Unas 160 familias viven en San Pedro de Catacamas, principalmente de la agricultura y la ganadería. Uno de sus pobladores relata que los madereros estuvieron sacando madera del bosque durante años, llevando la madera en rollo para ser procesada en otro lado. Los pobladores mencionaron a las empresas Sansoni, Landizabal, y Menselaya como involucradas en el saqueo y procesamiento del recurso. Con sus acciones, la comunidad logró que se parara completamente el corte de madera en su territorio.
A pesar de esto, los habitantes de San Pedro de Catacamas viven con los efectos de la explotación previa, siendo la sequía la consecuencia más fuerte. Los 300 pozos de la comunidad se han secado. Durante el invierno, se arreglan con el agua de la lluvia pero en el verano hay crisis de agua y los miembros de la comunidad tienen que caminar muchas horas para acarrear agua para uso doméstico.
Es por eso que ahora los pobladores de varias comunidades del vecino municipio de Gualaco reaccionan decididamente contra la construcción de la represa hidroeléctrica "Río Babilonia" --que forma parte del proyecto regional Plan Puebla Panamá (ver Boletín 73 del WRM)--, dada en concesión por 30 años a la empresa hidroeléctrica ENERGISA, en la cual se sospecha que personalidades del Congreso Nacional tienen intereses directos. Según Rafael Ulloa, ex alcalde de Gualaco, la concesión del agua del río Babilonia "deja a 11 comunidades sin acceso a esta agua". Agrega que "una vez que se construye la represa, el decreto habla clarito, el agua es para generar energía, ellos son los dueños del agua y la comunidad que no se beneficia en nada con el proyecto, no tiene derecho de protestar ni nada".
El padre Andrés Tamayo, párroco de Salamá, amenazado de muerte, explicó que aproximadamente el 40% del presupuesto nacional para los candidatos de los partidos Nacional y Liberal de Honduras se deriva de la venta de madera por lo cual expresó sus dudas de que alguno de ellos o COHDEFOR estén dispuestos a cuestionar los sucesos de Olancho. Y con respecto a la responsabilidad de los gobiernos extranjeros y las empresas transnacionales en la situación de Olancho, el padre Tamayo comentó: "Si los países ricos del mundo estuvieran verdaderamente interesados en ‘reducir la pobreza’, ¿no habría a esta altura alguna señal de que la pobreza se ha reducido, con todo lo que se ha invertido en los últimos 60 años? ¿O será tal vez que esa inversión es precisamente para mantener el sistema injusto exactamente tal como está?"
Fragmentos y adaptación del "Informe de la visita realizada por una delegación internacional al departamento de Olancho- Honduras del 25 al 27 de Julio de 2003", enviado por Helena Roux, correo electrónico: lisatrenza@free.fr