Se debería escribir más sobre las falsas promesas de la industria maderera. Cuando estas compañías llegan a un país, intentan seducir a los pobladores locales argumentando que sus operaciones traerán trabajo y capacitación para ellos.
En el caso de Papúa Nueva Guinea (PNG), una investigación realizada en mayo de 2001 por Joe Meava, gerente de información de la publicación "Echoes from the Forest", sobre los informes de madereo ilegal en Pondo, en el área de Open Bay en Nueva Bretaña del Este, revelan que la mayoría de los empleos creados (muchos menos de los esperados), fueron ocupados por trabajadores extranjeros, quienes legalmente no tienen permiso para ocupar puestos que podrían, en muchos casos, ser ocupados por trabajadores de Papúa Nueva Guinea.
Según Forest Watch, una red de activistas de los bosques de PNG: "Los datos divulgados muestran claramente que las compañías madereras deben estar involucradas, ya sea en un negocio turbio de inmigración ilegal a gran escala o en una operación delictiva de contrabando de personas".
Durante una visita al sitio de madereo, Joe Meava observó que de las cinco excavadoras que estaban abriendo caminos o arrastrando troncos fuera del bosque, cuatro eran manejadas por asiáticos. Solo una era conducida por un nativo de Nueva Bretaña del Este.
Un joven del poblado de Pondo le dijo que uno de los trabajos que realizaba como empleado de la compañía era mantener a la gente "innecesaria" fuera del área de madereo. Según Meava, el joven se refería a personas cuyas familias o clanes no formaban parte de ningún acuerdo maderero. El padre del joven era el jefe de un clan que había recibido con agrado las actividades de la compañía en su área. Su parte del trato era que su hijo fuera empleado como guardia de seguridad para reprimir a su propio pueblo.
Según documentos oficiales del año 2001 de las compañías, 17 empresas madereras que exportan madera rolliza por un valor combinado de US$ 50 millones, equivalente a un tercio de las exportaciones de troncos de PNG, emplean 468 trabajadores, de los cuales 420 (alrededor del 90 por ciento del total) tienen nombres obviamente asiáticos, la mayoría provenientes de Malasia e Indonesia pero también de China continental y las Filipinas, mientras que apenas 40 trabajadores, un 10 por ciento del total, tienen nombres que parecen ser de Papúa Nueva Guinea. Este importante tráfico de inmigraciones puede convertirse en una fuente de conflicto entre trabajadores extranjeros y nacionales.
El investigador destacó que si bien en los registros de las 17 compañías madereras aparecen 27 agrimensores, entre sus empleados no figuran ni profesionales forestales, ni administradores de bosques, ni especialistas ambientales, ni tampoco biólogos. También resulta increíble constatar que en ninguno de los registros de las 17 compañías aparecen enfermeras ni trabajadores de la salud, a pesar de que las empresas afirman que brindan servicios de salud locales a las comunidades rurales. Y además, la información suministrada expone la exageración grosera de las cifras de empleo que publicita la industria de la madera (que van desde 10.000 a 15.000 puestos de trabajo) cuando se las compara con los apenas 468 empleados que tienen en planilla las 17 compañías madereras.
Artículo basado en información obtenida de: "Logging company employment data: another example of forest industry corruption", 24 de junio de 2002, PNG Forest Watch, correo electrónico: lukautimbus@global.net.pg ; Echoes from the Forest 6: "Logging Employment and Jobs for Local People", 3 de junio de 2002, por Joe Meava, Gerente de información, 2002, PNG Eco-Forestry Forum, http://forests.org/articles/reader.asp?linkid=12128