Nicaragua

La historia de la palma aceitera en América Central está íntimamente ligada a la historia misma del grupo económico de la empresa United Fruit. Preston y Keith, dos empresarios norteamericanos que a partir de 1870 y durante 20 años se dedicaron a la plantación y exportación de bananas hacia los Estados Unidos, en 1899 se fusionaran en la United Fruit Company (UFCO) en busca de diversificar sus plantaciones y aumentar sus ganancias.

Nicaragua es todavía considerado el país de la región centroamericana con la mayor extensión de bosques y con mayores áreas de bosque virgen. Durante los años 80 la destrucción del bosque se detuvo en parte por las condiciones de la guerra que se libraba en las montañas, por lo que muchas comunidades indígenas y campesinas se vieron obligadas a abandonar esas zonas.

El este de Nicaragua es conocido como la Costa Atlántica, la que está dividida geográficamente en dos regiones, Sur y Norte. Se caracteriza por ser el área mayormente habitada por indígenas, en su mayoría miskitos y por ser la zona de mayor riqueza natural de todo el país. En esta zona (42% del territorio), viven unas 500,000 personas (el 8% de la población nacional) quienes representan a seis grupos étnicos que se dedican a la agricultura y a la pesca.

En febrero de 1998 representantes de las comunidades indígenas Sumus y Miskitos, autoridades locales y regionales, ONGs ambientalistas y líderes comunales y religiosos se reunieron en Rosita, localidad de la costa atlántica nicaragüense, para discutir una estrategia común de oposición a las actividades ilegales de la empresa maderera coreana Kimyung. La misma había recibido en 1994 una concesión del gobierno central para explotar 62.000 hectáreas en territorios indígenas (ver Boletín 11 del WRM). Kimyung operaba a través de su subsidiaria SOLCARSA.

Recursos Nicaragüenses y Australianos S.A. (RENAUSTRA), financiada por las empresas Mars Geosciencies y Boss Resources Corp. de Australia, está intentando desarrollar actividades de minería de oro en el área de amortiguación de la Reserva de Bosawas, donde se localiza uno de los mayores bosques tropicales remanentes de América Central.

Entre fines de octubre y principios de noviembre de 1998 la región noroeste de Nicaragua fue devastada por el Huracán Mitch. Las consecuencias de este desastre natural se vieron incrementadas por la extrema vulnerabilidad del país, la falta de organización para enfrentar este tipo de fenómenos y el uso insustentable del suelo que se ha practicado históricamente. Por ejemplo, en la región oriental durante los últimos 30 años se secó casi el 80% de los ríos debido a la corta del bosque tropical seco (ver artículo siguiente en este número del Boletín).

El territorio nicaragüense se encuentra en una región de la Tierra especialmente susceptible a fenómenos naturales, tales como huracanes, inundaciones y terremotos. Sus consecuencias son presentadas generalmente como el resultado de la furia de la naturaleza, sin tener en cuenta que los efectos negativos provocados por los agentes naturales dependen no sólo de la intensidad de los mismos, sino también de la vulnerabilidad de la sociedad y los territorios afectados.

Las altas tasas de deforestación colaboraron a aumentar los efectos de las súbitas inundaciones y los aluviones de fango que causaron gran número de víctimas a causa del huracán Mitch, el más terrible desastre que se ha abatido sobre América Central. En Nicaragua y Honduras murieron más de diez mil personas, en tanto muchas otras miles están desaparecidas. De acuerdo con declaraciones del Padre Miguel d’Escoto, miembro del Directorio Nacional del FSLN, “es éste el peor desastre natural en nuestra (la de Nicaragua) historia, aún peor que el terremoto (de 1972)”.

En febrero pasado, en el poblado de Rosita, sobre la costa del caribe nicaraguense, se reunieron representantes de los pueblos indígenas Sumus y Miskitos, autoridades locales y regionales, ONGs y líderes comunitarios y religiosos, con el fin de considerar las actividades ilegales de la empresa transnacional coreana Kimyung, que operaba a través de su subsidiaria SOLCARSA. La misma es responsable de la invasión de tierras comunales y de la destrucción de la selva y los medios de vida de la población local.

En el poblado de Rosita, ubicado en la costa atlántica de Nicaragua, tuvo lugar un importante foro en febrero último, que reunió a representantes de las comunidades indígenas (Sumus y Miskitos), autoridades locales y regionales, ONGs, dirigentes comunitarios y religiosos y muchos otros. El motivo de tal reunión fueron las actividades ilegales de la empresa transnacional coreana Kimyung, que en 1994 recibió una concesión del gobierno central de Nicaragua (entonces encabezado por la Presidenta Violeta Chamorro) para explotar un área de 62.000 hectáreas de bosque en territorio indígena.