Perú

El Gobierno de Perú no solo es responsable de la abierta represión hacia los pueblos Amazónicos llevada a cabo en estos días, sin también por el genocidio silencioso de los últimos grupos de indígenas no contactados que aún viven en aislamiento voluntario en sus territorios ancestrales.

Desde el 9 de abril pasado, las comunidades amazónicas del Perú iniciaron lo que califican de “paro indefinido” en toda la Amazonía peruana, como respuesta al incumplimiento del Congreso de la República de revisar los seis decretos considerados lesivos a los pueblos indígenas.

El 8, 9 y 10 de julio pasados, la Confederación Campesina de Perú y la Confederación Nacional Agraria, con la nutrida adhesión de numerosas organizaciones indígenas y campesinas, llevaron adelante una amplia protesta en todo el país, coincidiendo el día 9 con un paro general nacional convocado por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP).

A fines de mayo, como resultado de un sobrevuelo piloteado por el coordinador del Frente de Protección Etnoambiental de la FUNAI (organismo brasileño que tiene a su cargo la protección de los grupos aislados), varias fotos aéreas dieron cuenta de la existencia de indígenas en aislamiento voluntario de una de las cuatro etnias que viven en esa situación en  la frontera del estado de Acre (Brasil) con Perú.

El gobierno de Alan García está impulsando el proyecto de ley 840, conocido también como “Ley de la Selva”. Se trata de una ley referida a la promoción de la inversión privada en reforestación y agroforesteria, por la cual las tierras sin cubierta boscosa de la Amazonía peruana --denominadas erróneamente deforestadas y eriazas, es decir, sin derechos adquiridos sobre ellas-- podrían adjudicarse en régimen ya no de concesión sino de propiedad privada.

A finales del 2007, el gobierno peruano dio paso a la explotación de nuevos lotes petroleros en la provincia de Loreto, frontera con Ecuador: los lotes 67 y 121 a la compañía Barrett Resources Corporation de Estados Unidos y el 39 a Repsol YPF de España.

Entre el 8 y el 13 de Octubre, las organizaciones de pescadores, recolectores artesanales, ambientalistas y académicos de 10 países de América Latina, organizados en la Redmanglar Internacional, se dieron cita en la localidad de Cuyutlán, Estado de Colima, México.

Nota que da cuenta de la indudable existencia de grúpos indígenas nómadas en aislamiento voluntario en la Amazonía sur oriental del Perú - Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, Lima, setiembre 2007 Descargar como pdf

Perú es uno de los pocos países de Sudamérica donde los monocultivos forestales aún no se han implantado a gran escala, pero el gobierno ya se apresta para promover su expansión. En efecto, el país ya cuenta con un “Plan Nacional de Reforestación 2005-2024” [Plan Nacional] y con una “Ley de promoción de la inversión privada en forestación y/o reforestación” [Ley de Forestación], que serían las herramientas fundamentales para justificar y viabilizar las plantaciones de árboles.

En el número anterior (Boletín del WRM Nº 109) hacíamos referencia a la promoción de las plantaciones de palma aceitera, denunciando sus impactos sobre el bosque amazónico y los campesinos desplazados. El ímpetu “plantador” continúa, también con otro tipo de exóticas. En julio de este año se presentó el Plan Nacional de Reforestación, que promueve plantaciones forestales con fines comerciales e industriales, y que fue aprobado en enero del año en curso. El plan se propone un ritmo anual promedio de plantación de aquí al 2024 de 104.500 hectáreas.

Las plantaciones de palma aceitera se expanden en América del Sur: Colombia, Ecuador, Venezuela y ahora Perú, que se suma al impulso comercial. Las empresas encuentran lucrativas oportunidades a costa de la invalorable selva amazónica y de la vida de los campesinos, quienes se ven desplazados de las tierras que trabajan para obtener su sustento.

Con un costo de 1.600 millones de dólares, el megaproyecto Camisea para la extracción de gas natural en la zona ubicada en las márgenes del río Camisea, una de las más ricas en biodiversidad en el mundo, cuenta con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como principal financiador público. Pero nada bueno ha traído a las comunidades locales.