Boletín Nro 132 - Julio 2008

Según Wan Gang, Ministro chino de Tecnología, los Juegos Olímpicos de Pekín tendrán como resultado la liberación de unos 1,18 millones de toneladas de carbono a la atmósfera, “en parte por las grandes distancias que recorrerán tantos atletas y espectadores”. Sin embargo, no debemos preocuparnos por esto porque las autoridades chinas aseguran que las Olimpíadas serán “básicamente” neutras en carbono.

Este mes el parlamento brasileño dio carácter de ley a la medida provisoria Nº 422, que aumenta la superficie de la Amazonía que puede ser concedida para uso rural sin necesidad de licitación. El límite, estipulado anteriormente en 500 hectáreas, se amplía a 1.500 hectáreas, pudiendo deforestar hasta el 20 por ciento de la superficie concedida. La votación contó con la fuerte oposición de la ex-ministra de Medio Ambiente y actual senadora Marina Silva, quien acusó al gobierno de legalizar la apropiación ilegal de las tierras de la Amazonía. “Esta medida significará un proceso de privatización de la tierra”, declaró, anunciando que traería graves perjuicios al Plan de Combate a la Deforestación de la Amazonía.

En Guatemala, como en varios otros países del Sur, las comunidades indígenas y el ambiente pagan un alto costo por la expansión de los agrocombustibles. Deforestación, desplazamiento forzoso, amenazas, detenciones ilegales y hasta el asesinato signan este avance. La organización Salva la Selva denuncia una situación que viene ocurriendo en los últimos tres años en un área conocida como “Finca Los Recuerdos”, donde el Ingenio Guadalupe, una de las empresas productoras de etanol del país, ha estado deforestando en tierras indígenas para plantar caña de azúcar con destino a la producción del referido combustible.

En el boletín del mes pasado del WRM recordábamos la lucha que por tanto tiempo libraron las comunidades locales en defensa de los bosques de Sarawak, particularmente mediante bloqueos en las rutas para detener la entrada de los camiones de las empresas madereras a sus territorios.

El 8, 9 y 10 de julio pasados, la Confederación Campesina de Perú y la Confederación Nacional Agraria, con la nutrida adhesión de numerosas organizaciones indígenas y campesinas, llevaron adelante una amplia protesta en todo el país, coincidiendo el día 9 con un paro general nacional convocado por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Los manglares son las selvas tropicales del mar. Grandes franjas de la costa tropical y subtropical de Asia, África, Oceanía, las Américas y el Caribe están bordeadas por manglares que alguna vez se estimó que cubrían una superficie de más de 32 millones de hectáreas. Ahora quedan menos de 15 millones de hectáreas (menos de la mitad de la superficie original). Nunca se insistirá lo bastante sobre la importancia de la zona de amortiguación protectora que proveen los manglares. En regiones donde los bosques de la franja costera fueron eliminados, surgieron tremendos problemas de erosión y encenagamiento y hubo terribles pérdidas de propiedades y vidas humanas debido a los huracanes, las marejadas de tormenta y los tsunamis.

Un artículo del boletín de junio del WRM subrayaba el papel de Unilever en la amenaza a los Bosques de Pantano de Tanoé, uno de los últimos bloques boscosos de Costa de Marfil. Como consecuencia de las protestas internacionales, Unilever “promete” ahora una Evaluación de Impacto Ambiental, pero no ha dado garantías de que el bosque vaya a ser protegido. En cambio, ha dado publicidad a los planes que tiene desde hace tiempo de vender acciones que posee en PALM-CI, concesionaria de Tanoé, si bien continuará siendo uno de los principales clientes de dicha empresa. Detrás del anuncio, y posiblemente detrás de los planes para destruir los bosques de Tanoé, hay cambios de mucho alcance en la industria del aceite de palma de la región.

El 17 de junio de 2008, la Justicia Federal de la ciudad de Eunápolis, Estado de Bahia, divulgó en el Diario de la Justicia Federal de Bahia (Nº 42/pág. 60), la sentencia de una Acción Civil Pública, promovida por el Ministerio Público Federal en 1993 contra Veracel Celulose –denominada en ese momento Veracruz Florestal- y los órganos ambientales del estado (CRA – Centro de Recursos Ambientales) y federal (IBAMA – Instituto Brasileño de Medio Ambiente).

La ocupación de los territorios ancestrales Mapuches por latifundios de plantaciones de eucaliptos y pinos de grandes empresas forestales como CMPC y Forestal Bosques ARAUCO (Holding COPEC) cuenta para su expansión con el apoyo del aparato del Estado. La represión, la tortura, la muerte, y la criminalización de la resistencia Mapuche constituyen el marco del “modelo forestal”. El conflicto Mapuche es como una lepra en la sociedad chilena, ocultado, estigmatizado, negado. La documentalista y profesora de música Elena Varela se había interesado en la música Mapuche y fue a realizar un trabajo académico de investigación a la IX Región, para interiorizarse de su música y sus instrumentos. Pero la situación con la que se encontró cambió la óptica de su trabajo.

Desde el inicio de la presente década, todas las áreas de expansión de las plantaciones de palma en Colombia han coincidido geográficamente con áreas de expansión y presencia paramilitar. Hasta tal punto que algunas de las nuevas plantaciones en desarrollo se han financiado como proyectos productivos para los mismos desmovilizados del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que antes incursionaron en esas mismas zonas. Esta estrategia de control territorial mediante la expansión palmera tiene un aliado importante en las políticas gubernamentales de apoyo e incentivación a la siembra de palma aceitera que también buscan claramente el control económico, político y militar de grandes áreas de Colombia que escapan al control estatal.

En Europa y Estados Unidos, el aceite de palma es promocionado como un agrocombustible que supuestamente evitará el aumento de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Obviamente, el modelo que se está implementado no es el de pequeña escala, diversificado, sino el de gran escala. Y esto es, de hecho, una forma de retrasar el cambio, imperiosamente necesario, de los modelos de producción, de consumo y de comercio con uso intensivo de energía. Las plantaciones de palma aceitera para producir agrocombustible sólo sirven para agravar los ya nocivos efectos de las plantaciones de palma para uso industrial.

Más de 170 activistas reunidos en Bangkok durante el fin de semana criticaron duramente a los gobiernos y las empresas por su fracaso a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Reclamaron “justicia climática” y “un cambio fundamental en el orden mundial actual” para resolver la crisis climática. Entre los participantes de la conferencia se encontraban pescadores y agricultores, pueblos de los bosques e indígenas, mujeres, jóvenes, trabajadores y activistas no gubernamentales de 31 países.