Bolivia

Las selvas tropicales del departamento del Beni en las tierras bajas del este de Bolivia están sufriendo la deforestación provocada por el inescrupuloso otorgamiento de concesiones a compañías privadas por parte del gobierno. Al tiempo que grandes terratenientes ocupan crecientes superficies, los derechos de propiedad indígenas no son reconocidos. Ahora una nueva amenaza pende sobre ellos: la explotación de petróleo.

La cuenca baja del Río Beni en el oeste de Bolivia, que abarca parte de la zona andina y parte de la Amazonía, está amenazada por la instalación de un megaproyecto hidroeléctrico, que está provocando gran inquietud a nivel de los pobladores locales, ONGs ambientalistas y círculos académicos.

Bolivia posee 440.000 km2 de bosques húmedos, que representan el 57% de la superficie de tierras bajas del país. La tasa de deforestación alcanza las 168.000 hectáreas anuales, siendo las principales causas del problema la promoción de los cultivos de exportación y las concesiones de explotación maderera otorgadas sin ton ni son.

Organizaciones sociales, gremiales, indígenas y ambientalistas de Bolivia han condenado enérgicamente y encarado acciones para enfrentar dos recientes decretos promulgados por el gobierno, por los cuales se garantizan las actividades de corta ilegal que realizan ciertas empresas en detrimento de los bosques del país y de su gente.

Desde 1998 ONGs ambientalistas y sociales bolivianas e internacionales, así como representantes del sector académico, se han venido oponiendo al proyecto de construcción del gasoducto San Miguel-Cuiabá por parte de Enron-Shell. El mismo atravesará los territorios de Bolivia y Brasil, provocando un impacto ambiental negativo sobre el bosque tropical seco de Chiquitano en Bolivia. El mismo es el último remanente significativo en el mundo de bosque tropical seco primario.

Bolivia posee diferentes tipos de bosques, los cuales están desapareciendo rápidamente, en beneficio de un puñado de empresas madereras y en detrimento de los pueblos indígenas de ese país. Los derechos territoriales de éstos existen tan sólo en el papel, ya que en la realidad el gobierno, a través de una política de otorgamiento de concesiones, prefiere satisfacer el apetito de las empresas (ver Boletín 22 del WRM).

El proyecto de gasoducto San Miguel-Cuiabá de Enron-Shell, que atravesará la frontera entre Bolivia y Brasil, ha sido severamente cuestionado por ONGs ambientalistas y sociales bolivianas e internacionales debido a los impactos a largo plazo que la obra tendrá sobre el bosque seco de Chiquitano, al este de Bolivia, el cual es el mayor bosque tropical seco primario existente hoy en el mundo, y sobre la cabecera de cuenca del Pantanal, el mayor humedal del globo. Comunidades rurales y pueblos indígenas que habitan el área se verán igualmente afectados.

El 16 de marzo ppdo. se realizó en La Paz un encuentro en el que participaron representantes de ONGs y delegados oficiales para tratar la situación y las perspectivas de los bosques en Bolivia, y el texto borrador del decreto para el otorgamiento de concesiones para la explotación de la mayor parte de las tierras forestales del país. Se expresaron una serie de preocupaciones en relación con la conservación de los bosques del país. Se enfatizó en que no existen objetivos claros a ese respecto.

El próximo 9 de marzo la Junta Directiva de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) habrá de considerar la concesión de un seguro al riesgo político de la construcción de un gasoducto que atravesará a lo largo de 200 kilómetros la selva tropical y por 100 kilómetros un área de humedales prístinos en la Amazonia boliviana.

A continuación se presentan extractos de un trabajo de investigación sobre plantaciones forestales en Bolivia, realizado por el Prof. Thor Hjarsen, de Dinamarca, quien es uno de nuestros lectores. El texto completo está a disposición en el sitio web.

Los bosques bolivianos se cuentan entre los más ricos del mundo en términos de biodiversidad, conteniendo más de 2500 especies de árboles. El país cuenta con unas 9.5 millones de hectáreas de áreas protegidas y alrededor de 1 millón de hectáreas de áreas indígenas, en tanto que más de 21 millones de hectáreas han sido otorgadas como concesiones madereras, en línea con la ley forestal aprobada en 1996.

APCOB ("Apoyo para el campesino indígena del Oriente boliviano") es una ONG boliviana que "durante los últimos 18 años ha estado luchando por la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la situación socioeconómica de los pueblos indígenas que habitan en las tierras bajas de la región oriental del país".