En la región del Vale do Acará, en el estado de Pará, los pueblos indígenas Tembé y Turiwara y las comunidades quilombolas y campesinas luchan por recuperar parte de los territorios de vida que han ocupado tradicionalmente. No se trata de una lucha solo por recuperar el territorio, sino para revertir una historia de opresión e injusticia. Hoy denuncian la violencia estructural que sufren y la omisión del Estado.
Artículos del boletín
La expansión de la frontera agrícola para el cultivo de soja o palma aceitera así como la minería y la posible construcción de mega represas avanzan sobre los espacios vitales de comunidades indígenas y campesinas. A fines de 2018, los pueblos se organizaron en una Coordinadora para defender sus territorios y el derecho a una vida digna.
Comunidades indígenas de la Cuenca Amazónica peruana crearon una red para defender sus derechos territoriales y de autoderminación. Su lucha no es sólo contra la deforestación, sino también contra los proyectos conservacionistas y de mercados de carbono -como los proyectos REDD- que generan más injusticia y conflictos internos.
La decisión del pueblo ecuatoriano de parar la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní implica ahora nuevos desafíos: cómo recuperar un territorio sacrificado y hacer justicia en las zonas afectadas con la solidaridad del conjunto del país.
Mocoa se ubica entre las montañas andinas y la Amazonía colombiana, en medio de una de las cuencas hídricas más importantes del país, territorio donde conviven comunidades indígenas, afrodecendientes, campesinos y colonos. La creciente demanda de minerales para la “descarbonización” en el mundo pone a esta región en serio riesgo, ya que empresas mineras intentan avanzar con la extracción del cobre que hay en el subsuelo.
El pueblo Ka’apor vive en Alto Turiaçu, en el noroeste del Estado de Maranhão, en Brasil. Es el territorio indígena más grande de la Amazonia Oriental y, también, la porción de selva preservada más grande en esa región. Allí llegaron empresas extranjeras a proponer proyectos REDD, que generan conflictos y el rechazo de una parte de la comunidad, que se organiza para resistirlos.
En los últimos años, una de las principales amenazas para la Amazonía venezolana y para los Pueblos Indígenas que la habitan es la explotación minera, sobre todo la minería de oro.
Después de casi 30 años de negociaciones climáticas en el seno de la ONU, el resultado ha sido el establecimiento de políticas y prácticas que facilitan la constante expansión de la economía basada en combustibles fósiles (así como de sus ganancias) al tiempo que permanecen ocultas sus implacables consecuencias negativas en los territorios donde se expande.
El presidente Jokowi califica al Parque Industrial Kalimantan Indonesia (KIPI, por su sigla en inglés) como “la zona industrial verde más grande del mundo”. Pero en realidad KIPI no es nada de eso. Exigirá un uso masivo de combustibles fósiles así como el acaparamiento a gran escala de tierras y agua, al tiempo que para miles de personas de las comunidades costeras representará la amenaza de un desalojo forzoso. (Disponible en indonesio)
En los últimos dos años, las iniciativas de plantación de árboles destinadas a los mercados de carbono se han duplicado. Pero ya sea como grandes monocultivos o como proyectos de supuesto beneficio para comunidades de base, las plantaciones de árboles destinadas a la compensación de emisiones de carbono no son una solución al caos climático ni benefician a las comunidades rurales del sur global.
Los proyectos de compensación de carbono amenazan los huertos, la tala de árboles para la subsistencia y otras prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas y las comunidades tradicionales de la Amazonia. Los contratos que promueven las empresas socavan las estrategias locales de cuidado y creatividad de los trabajadores y trabajadoras, al subestimarlas o incluso negarlas por completo.
Una compilación de artículos del Boletín del WRM expone el rol perjudicial que cumplen las empresas y organizaciones implicadas en los esquemas de certificación. Después de tres décadas, está claro que la única “sostenibilidad” que garantizan es la de los negocios de las empresas y la de la propia industria de las certificaciones.