En 2013, la Relatoría del Derecho Humano al Medio Ambiente (RDHMA), de la Plataforma Dhesca, realizó una Misión de Investigación e Incidencia en el estado de Acre sobre la problemática de la economía verde y sus efectos políticos y territoriales. Diferentes gobiernos estatales, en especial los de la Amazonia, ya han establecido o están en proceso de definir políticas estatales contemplando propuestas de pago por servicios ambientales y REDD+, siendo Acre el Estado pionero.
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Después de dos años de impedir el avance de la construcción de la represa de Baram en Sarawak, Malasia, los pueblos indígenas han logrado una victoria importante: el gobierno estatal anunció una moratoria a la controvertida represa y una evaluación de proyectos alternativos a pequeña escala para la obtención de energía.
Un comunicado de prensa de All India Forum of Forest Movements (AIFFM) denuncia que el gobierno de la India está autorizando “concesiones forestales” a empresas del sector privado en lo que considera que son bosques de propiedad estatal. El cuarenta por ciento de los bosques “identificados” como degradados podría ser cedido en arrendamiento a empresas privadas para aumentar sus plantaciones, violando no una, sino varias leyes indias, como la Ley de derechos del bosque o la Ley de los bosques de la India.
La Alianza Mundial contra REDD, junto con la red No REDD en África (NRAN) y con el aval de numerosas organizaciones internacionales, lanzó una Declaración durante el Programa Alternativo de la Sociedad Civil al Congreso Forestal Mundial, celebrado en Durban, Sudáfrica, a principios de septiembre.
El 25 de agosto de 2015, trabajadores de la empresa Fibria en Tres Lagunas, Mato Grosso del Sur, hicieron públicos los recientes despidos hechos por la empresa – uno de los mayores productores de celulosa de Brasil. “Solo en las últimas semanas hubieron alrededor de 18 despidos.
La organización RCC (Rivers Coalition in Cambodia), junto con otras organizaciones nacionales e internacionales, reclama que se detengan de inmediato todas las actividades relacionadas con la construcción de la Represa Don Sahong, luego de que el Gobierno de Laos, en una decisión unilateral, aprobara oficialmente el contrato de concesión a principios de septiembre.
Un artículo del periódico “El País” narra la aguda violencia que viven los pueblos del valle del Bajo Aguán, en Honduras, que luchan por recuperar las tierras que la Corporación Dinant capturó tiempo atrás para sus inmensas plantaciones de palma aceitera. El conflicto ha atraído atención mundial debido a que en parte la empresa contaba con el respaldo de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la rama del conglomerado de entidades del Banco Mundial que concede créditos a empresas privadas.
En septiembre de 2015, la Organización de la ONU para la Agricultura y Alimentación (FAO) realizará el Congreso Forestal Mundial en Durban, Sudáfrica, sobre el “futuro sostenible” de los bosques. En el evento, dominado por la industria maderera, participan además hacedores de políticas.
Uma investigação com foco no porto fluvial de Pucallpa, Ucayali, na Amazônia peruana, revela que as mulheres que atendem nos bares ao redor do porto e aquelas dedicadas ao trabalho de cozinha nos acampamentos madeireiros (legais e ilegais) são vítimas constantes da exploração sexual, e muitas delas são também vítimas de tráfico para fins de exploração sexual.
Un informe de Rainforest Foundation UK revela cómo los intentos de manejo comunitario del bosque en la cuenca del Congo no han conseguido, hasta el momento, transferir derechos sustanciales ni aportar beneficios a las comunidades locales. Sólo alrededor del 1% del total de la Cuenca del Congo está bajo el control o la gestión formal de comunidades locales, mientras que el madereo a escala industrial representa, con mucho, el mayor uso de la tierra en la región.
Los bosques primarios, supuestamente tierras protegidas en Camboya, están desapareciendo a un ritmo “sin precedentes”, según un nuevo informe del grupo Forest Trends. El gobierno de Camboya ha otorgado en los últimos años lo que se denomina Concesiones de tierras para el desarrollo de actividades económicas (ELC, por su sigla en inglés) a las grandes empresas del agronegocio que quieran explotar la tierra.