Boletín Nro 110 - Setiembre 2006

En el año 2004, a la Red Alerta contra el Desierto Verde -que realiza campañas en Brasil contra la expansión de las plantaciones de árboles- se le ocurrió la idea de establecer el 21 de setiembre (Día del Árbol en Brasil) como Día Internacional contra los monocultivos de árboles. La idea fue apoyada por organizaciones en todo el mundo, que desde entonces llevan a cabo una serie de actividades especiales en esta fecha. Es importante enfatizar que no se trata de un día destinado a la oposición hacia la plantación de árboles en general, sino una actividad enfocada en un tipo de plantación en particular: los grandes monocultivos de árboles.

En el marco de la campaña nacional e internacional “¡Basta de violencia en el campo! ¡Corte este mal por la raíz!” impulsada por la Rel-UITA y la Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura (CONTAG) de Brasil, contra la violencia rural en ese país, un equipo integrado por Álvaro Santos, Emiliano Camacho y quien esto escribe viajó desde Montevideo, Uruguay, al estado de Pará, en la Amazonia brasileña. El propósito fue filmar un video documental que recogiera testimonios de algunos de las decenas de casos de dirigentes rurales asesinados o amenazados de muerte.

Las concesiones madereras en el continente africano se perciben a menudo como unidades de manejo forestal. Sin embargo, es más apropiado verlas como una especie de moneda de cambio en un sistema más amplio de poder político y explotación.

La certificación de una operación forestal en virtud del sistema del Consejo de Manejo Forestal (FSC) debería significar que todos podemos estar tranquilos al saber que los bosques están siendo manejados razonablemente bien. Lamentablemente, parece que no es el caso. SmartWood, una certificadora acreditada por el FSC, certificó recientemente en Laos operaciones que de acuerdo con la Ley Forestal de ese país producen madera en forma ilegal.

Nicaragua conoce desde hace largo tiempo los efectos de la minería. Las numerosas explotaciones de oro y otros minerales metálicos han dejado una secuela de deterioro ambiental, impactos sobre el recurso hídrico con niveles elevados de cianuro, plomo y arsénico, entre otros, y daños irreparables en la salud de miles de trabajadoras y trabajadores, quienes además han visto violentados sus derechos laborales.

Desde hace algunos meses tanto en Uruguay como en el Sur de Brasil circulan insistentemente declaraciones, de funcionarios de la empresa sueco finlandesa Stora Enso, así como también de jerarcas de los gobiernos de ambos países, sobre las ventajas que tendrá para la población local la instalación de fábricas de celulosa de dicha empresa en la región.

El PEFC fue establecido entre 1998 y 1999 por sectores forestales nacionales –principalmente asociaciones de pequeños propietarios de bosques en varios países europeos- bajo el nombre de Esquema Paneuropeo de Certificación Forestal (Pan European Forest Certification Scheme). El cambio a su nombre actual (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Programa para Avalar Esquemas de Certificación Forestal) ocurrió luego que diera su aval a otros sistemas no europeos. El sistema es gobernado por el Consejo del PEFC, integrado por representantes de sistemas nacionales de certificación que integran el PEFC. No se trata de un solo sistema de certificación con una única norma sino de un programa para avalar sistemas nacionales de certificación.

El programa de certificación forestal brasileño CERFLOR, avalado por el programa internacional PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), fue lanzado oficialmente en 2002 por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio y comenzó a funcionar en marzo de 2003.

En el año 2000 los empresarios forestales chilenos anunciaron el lanzamiento de su propio sello de certificación forestal, CERTFOR. Este sello se creó bajo los auspicios de la Fundación Chile, el Instituto Forestal (Infor) y con el apoyo financiero de CORFO (Corporación de Fomento de la Producción). Habiendo intentado incorporarse al FSC --en aras de buscar legitimidad internacional-- y frente a la negativa recibida, CERTFOR acudió a otro sistema internacional de certificación: el PEFC. Fue así que en octubre del 2004, el sistema de certificación Chileno CERTFOR, fue homologado internacionalmente por PEFC.

Desde la transición de Camboya hacia una economía de mercado, ocurrida a principios de los años 1990, en ese país se ha acelerado el establecimiento de monocultivos de árboles de crecimiento rápido para producir la llamada madera rápida. En el marco del paradigma de desarrollo de “concesiones económicas” se propusieron y establecieron plantaciones de maderas rápidas como acacia, pino y eucalipto. La mayoría de estas concesiones económicas violan la ley camboyana y no hay muchos indicios de que hayan creado los beneficios e ingresos para el Estado propuestos.

El estudio de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas (FAO) “Examen provisional de la biotecnología en la silvicultura, incluida la modificación genética” (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/ae574e/ae574e00.pdf), publicado en diciembre de 2004, es un resumen del estado de la biotecnología aplicada a la silvicultura en general con una mirada específica a la modificación genética de los árboles. Allí se informa de 225 ensayos de campo al aire libre de árboles GM en todo el mundo, distribuidos en 16 países. Desgraciadamente no se hace diferencia entre ensayos de campo actuales y pasados, con lo que se brinda una imagen un poco sesgada. Según el estudio, 150 de los 225 ensayos están en Estados Unidos.

Cuando se establecen plantaciones industriales en cualquier lugar del Sur, los gobiernos ofrecen a los inversores una gama de subsidios. En Indonesia el gobierno ha entregado miles de millones de dólares para el desarrollo de las plantaciones. Los sectores de las plantaciones y la celulosa también han recibido un generoso apoyo en materia de asistencia financiera. El Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo financiaron estudios en los años 1980. Diversas agencias de créditos para la exportación colaboraron en la financiación de la construcción de plantas de celulosa.

En el número anterior (Boletín del WRM Nº 109) hacíamos referencia a la promoción de las plantaciones de palma aceitera, denunciando sus impactos sobre el bosque amazónico y los campesinos desplazados. El ímpetu “plantador” continúa, también con otro tipo de exóticas. En julio de este año se presentó el Plan Nacional de Reforestación, que promueve plantaciones forestales con fines comerciales e industriales, y que fue aprobado en enero del año en curso. El plan se propone un ritmo anual promedio de plantación de aquí al 2024 de 104.500 hectáreas. En un país en el que se depredaron más de ocho millones de hectáreas de bosques, resulta sumamente irónico que se proponga como paliativo este plan de "reforestación", y ¡por los mismos autores de la depredación!

La historia de la industria de las plantaciones en Sudáfrica puede compararse con el desarrollo de las plantaciones en otras partes del Sur: en Brasil, Aracruz Celulose creció bajo una dictadura militar; el boom de la celulosa de Indonesia fue planeado y puesto a andar durante el régimen de Suharto; Camboya, Tailandia y Chile son otros ejemplos de cómo la opresión del Estado beneficia a las empresas de la celulosa y las plantaciones.

La última Conferencia de las Partes (COP8) de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) adoptó una importante Decisión (VIII/19) mediante la cual “Recomienda a las Partes adoptar enfoques de precaución al tratar la cuestión de los árboles genéticamente modificados”