Boletín Nro 46 – May 2001

El Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques celebrará su primera reunión en junio en Nueva York. El mandato de este organismo es asegurar el seguimiento del proceso iniciado por el Panel Intergubernamental sobre Bosques (IPF) en 1995, continuado por el Foro Intergubernamental sobre Bosques (IFF) desde 1997 hasta 2000. Creemos que los procesos previos, especialmente el IPF y sus propuestas para la acción, han producido análisis más que suficiente sobre las causas de la deforestación y la degradación de los bosques, y han propuesto gran cantidad de ideas para abordar el problema. Lo que se necesita ahora es voluntad política que conduzca a acciones concretas.

Una misión de la ONU presentó recientemente un informe sobre la explotación generalizada de los recursos mineros y forestales en el Congo (ex-Zaire) por fuerzas de Ruanda y Uganda, en colaboración con grupos de oposición congoleses en la región oriental del país.

Además de sus conocidas operaciones petroleras, la compañía Shell también está involucrada en una actividad menos difundida: la plantación de árboles. La compañía ha plantado, por si sola o en asociación con empresas o estados, casi 150.000 hectáreas principalmente de árboles de eucalipto y pino en Argentina (10.000), Chile (36.000), República del Congo (42.000), Nueva Zelanda (23.000), Paraguay (8.000) y Uruguay (28.000).

Para su tamaño, Guinea Ecuatorial posee una destacada biodiversidad tanto en Mbini, su zona continental, como en sus dos islas principales, Pigalu y Bioko. Guinea Ecuatorial continental está cubierta por densos bosques tropicales explotados por la industria maderera. Contienen más de 140 especies de madera, de las cuales las más importantes comercialmente son el okumé (Aucoumea klaineana), el nogal africano, y varios tipos de caoba. Esto ha atraído a la industria maderera, que ha sido la principal responsable del grave proceso de deforestación que afecta especialmente a la región costera de Mbini.

Las represas son una de las principales causas directas e indirectas de la destrucción de la naturaleza y el trastorno de la vida de las poblaciones locales en todo el mundo. Si bien la preocupación internacional por este tema está aumentando, los gobiernos nacionales, junto con las firmas consultoras y constructoras transnacionales siguen adelante con ese tipo de megaproyectos, con la ayuda de instituciones financieras internacionales. Generalmente están rodeados de corrupción y casi siempre traen como consecuencia la violación generalizada de los derechos humanos de las comunidades locales.

Un grupo numeroso de ONGs de Indonesia que se reunió el 21 de abril de este año, hizo pública una carta cuestionando la certificación de concesiones forestales en ese país, porque las concesiones se basan en la extinción de los derechos nativos tradicionales (“adat”). Argumentan con razón, que no es posible conceder un certificado del Consejo de Manejo Forestal (FSC) a un titular de una concesión forestal en esas circunstancias.

Bruno Manser, activista suizo de derechos humanos y dedicado a la defensa del pueblo indígena Penán de los bosques de Sarawak, desapareció en mayo del año 2000 (ver Boletín N° 40 del WRM). Bruno entabló una relación con los Penán y apoyó su lucha contra las compañías madereras que, conjuntamente con el gobierno, han estado destruyendo los bosques y todavía continúan haciéndolo. Ya ha pasado un año sin noticias sobre el destino de Bruno. Esta situación de incertidumbre es causa de preocupación y dolor en el pueblo Penán (ver Boletín N° 41 del WRM) y la comunidad ambientalista internacional.

Nadie sabe con exactitud cuántas personas han sido desalojadas de sus hogares y tierras para la construcción de las 22.000 grandes represas de China. Las estadísticas oficiales del gobierno chino dan una cifra de 10 millones de personas, pero Dai Qing, el crítico de energía hidroeléctrica chino, estima que la cifra real se ubica entre los 40 y 60 millones de personas. Actualmente hay otras 280 represas en construcción en China, y la política estatal es aumentar la proporción de energía eléctrica generada por plantas hidroeléctricas de 19% a 40% para el año 2015.

Desde los años 70, el gobierno de Costa Rica ha estado realizando estudios para instrumentar el Proyecto Hidroeléctrico Boruca en el río Térraba, que con una capacidad de generación de 1.500 megawatt, sería el proyecto más grande de ese tipo en América Central. Si se construyera la represa de 260 metros de altura, implicaría la inundación de 25.000 hectáreas de tierra, entre ellas toda la Reserva Rey Curré y parte de los territorios de Térraba y Boruca. Al mismo tiempo, las reservas de Ujarrás, Salitre y Cabagra también serían afectadas por infraestructuras relacionadas con la represa, como por ejemplo las carreteras. Tanto las comunidades indígenas como las campesinas que viven en el área de la represa deberían ser reubicadas en otras partes del país.

Los pescadores del puerto de Champerico en la costa del océano Pacífico luchan actualmente por su supervivencia contra la empresa Camarones S.A (Camarsa) y su subsidiaria Pesca S.A., dedicadas a la cría comercial del camarón. Aunque Camarsa ha estado operando en el área desde 1959, fue recién en 1995, con la llegada de un nuevo dueño, Domingo Moreira, que surgió el conflicto, que incluye el cierre del acceso a los esteros utilizados por los pescadores locales, y que les impide acceder a su área de pesca tradicional.

El istmo de Panamá está ubicado en América Central, una de las regiones de mayor diversidad natural y cultural del mundo. Sus distintos ecosistemas son un componente esencial de esa riqueza. Varios pueblos indígenas han encontrado su hogar y su fuente de subsistencia en los bosques. En Darién, San Blás y Panamá Oriente viven los Emberá-Wounan y los Kuna, mientras que los Teribe ocupan la zona de Bocas del Toro, en la frontera con Costa Rica, junto con los Ngobe-Bugle, que también habitan en parte de las provincias de Veraguas y Chiriquí Oriente. Según el Censo Nacional de 1990, la población indígena de Panamá está integrada por 180.700 personas que representan el 7,8% de la población total del país.

A mediados de marzo de 2001, estudiantes y alumnos de la Universidad del Estado de Oregón (OSU por su sigla en inglés) destruyeron tres sitios de ensayo de Ingeniería Genética, donde se cultivaban distintas variedades de álamos bajo la dirección del profesor de forestación de esta universidad, Steve Strauss, fundador de la Cooperativa de Investigación en Ingeniería Genética de Árboles (Tree Genetic Engineering Research Cooperative - TGERC). De acuerdo a una carta abierta enviada después de la acción al Profesor Strauss, las parcelas de ensayo “de esos lugares fueron evaluadas en forma independiente, y se determinó que se trataba de un experimento peligroso con consecuencias genéticas desconocidas”.

En mayo de 2000 una iniciativa parlamentaria que hubiera tenido como resultado la legalización de la destrucción de los bosques fue derrotada gracias a una fuerte campaña nacional e internacional para salvar los bosques (ver Boletín N° 35 del WRM). Sin embargo, debido a una aparente “inercia” electrónica, durante los meses siguientes muchas personas continuaron recibiendo pedidos de acción a través de internet solicitando el envío de mensajes al gobierno brasileño, sin tener en cuenta que la legislación propuesta ya había sido archivada.

En el estado brasileño de Espirito Santo actualmente existen dos sectores de producción distintos enfrentados a situaciones totalmente diferentes.

En el último número del boletín del WRM incluimos un artículo escrito por Acción Ecológica sobre un proyecto de oleoducto en Ecuador, que atravesaría el país de este a oeste, transportando petróleo del Parque Nacional Yasuní en la Amazonía y afectando a pueblos indígenas y ecosistemas en todo el país.

Muchos describen a la FAO como el organismo experto en bosques. Un solo ejemplo bastará para cuestionar la supuesta experticia de la FAO. La página web de la organización incluye un área de “perfil de país” que contiene información básica sobre los recursos forestales de los países, y recomendaríamos a todos que comparen lo que dice la FAO con lo que saben sobre su propio país. En el caso de Uruguay, la FAO afirma:

El programa “Dateline” de la cadena de televisión australiana SBS produjo un documental sobre el fraude, la incompetencia, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos por las compañías madereras transnacionales en Papúa Nueva Guinea. El documental expone casos generalizados de madereros que violan mujeres del lugar amenazándolas con armas de fuego y propietarios de tierras forzados a firmar documentos legales también a punta de pistola. Según el programa, la policía está en las nóminas de las compañías madereras y que las madereras extranjeras “son la única ley” en sus áreas de concesión de madereo.

Durante las negociaciones internacionales sobre el cambio climático (COP 6) en La Haya en noviembre del año pasado, el gobierno de Australia se alineó con EE.UU., Japón y Canadá, negándose a reducir las emisiones de carbono de su propio país. Cinco meses después, el mismo gobierno ha anunciado cinco proyectos cuyo propósito es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como era previsible, los proyectos, financiados a través del Programa Internacional de Cooperación sobre el Efecto Invernadero (International Greenhouse Partnerships (IGP) Programme), no tienen por finalidad la reducción de las emisiones en Australia, sino que habrán de ser implementados en Perú, Fiji, Malasia y Vietnam.

Investigaciones recientes proporcionan argumentos adicionales al movimiento de oposición contra la inclusión de plantaciones de árboles como sumideros de carbono dentro del debate actual de la Convención sobre Cambio Climático sobre la instrumentación del Protocolo de Kioto. Investigadores del Laboratorio Nacional Brookhaven del Ministerio de Energía de EE.UU. afirman que la biodiversidad es un factor importante que regula la forma en que los ecosistemas responderán al aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. El equipo de investigadores, dirigido por Peter Reich de la Universidad de Minnesota, acaba de divulgar los resultados de un estudio de campo importante, que aparecen en la emisión del 12 de abril de la publicación "Nature."

Investigadores del Laboratorio Lawrence Livermore encontraron evidencia que conecta el enfriamiento de la temperatura de la tierra entre los años 1000 y 1900 DC a un extenso proceso de deforestación. Este descubrimiento agrega nuevas complejidades a la ya difícil labor de predecir el cambio climático, y pone en duda la creencia común de que la plantación de árboles reducirá el “calentamiento global”.