El tema de los servicios ambientales que los países del Sur pueden proveer a los países del Norte para mitigar los efectos del cambio climático es objeto de polémica. En primer lugar se plantea una cuestión de justicia ambiental a nivel global, ya que los países mayormente responsables de la peligrosa alteración que está teniendo el clima en la Tierra, en lugar de atacar las causas que lo provocan -por ejemplo el uso insustentable de la energía y las gigantescas emisiones de CO2 por parte de la industria- están buscando soluciones dudosas y parciales, compradas en forma barata en el Sur.
Artículos del boletín
El pueblo indígena Pataxó-Hã-Hã-Hãe está reclamando sus derechos territoriales sobre un área de 53.000 hectáreas en la región sur del Estado de Bahía, que contiene remanentes de la que una vez fue lujosa "mata atlántica", extendida a lo largo de la costa atlántica. Estas tierras, hoy convertidas en pasturas, fueron invadidas por hacendados, quienes las están utilizando para criar ganado y, en algunas zonas, para plantar cacao. Ese uso del suelo que siguió a una masiva deforestación está provocando severos impactos ambientales sobre los suelos y las fuentes de agua.
La acelerada pérdida del bosque tropical de la Amazonia es quizás el caso más notorio que se conozca de destrucción ambiental a nivel global. No es "la humanidad" en abstracto la responsable de ello. Una investigación acerca de la política forestal, realizada en 1998 por la Oficina de Seguridad Nacional del Brasil, llegó a la conclusión de que el 80% de la madera producida en la Amazonia es extraída ilegalmente. Poderosas empresas transnacionales han sido y continúan siendo los agentes directos de esta devastadora actividad (ver Boletín 5 del WRM).
Durante el prolongado conflicto en el que se ha visto involucrado el pueblo indígena U'wa -apoyado por ONGs y organizaciones sociales nacionales e internacionales- con Occidental Petroleum (Oxy), ha habido permanentes idas y venidas. Durante casi una década los U'wa han tenido éxito en impedir que Oxy explote petróleo -que ellos consideran la sangre de la Tierra- en sus territorios tradicionales.
El proyecto de la represa hidroeléctrica Urra en Colombia está provocando impactos negativos sobre el pueblo indígena Embera Katío, habitante ancestral del área afectada. Con el apoyo de ONGs colombianas e internacionales los Embera Katío se están oponiendo valientemente al proyecto que es impulsado por el gobierno, dado que el mismo amenaza la existencia de sus medios de vida y su propia cultura (ver Boletín 29 del WRM).
Los indígenas Mashco Piro, Yora, Amahuaca y Yaminahua de la región amazónica Alta Piedras de Madre de Dios en Perú están amenazados por concesiones forestales pendientes. Estos pueblos -denominados "no contactados"- que han elegido permanecer aislados de la sociedad peruana, podrán ver su modo de vida y sus recursos naturales severamente impactados si los bosques de sus tierras ancestrales son cortados.
ONGs ambientalistas celebran el éxito del recientemente electo gobierno de Nueva Zelandia en obligar a Timberlands -compañía maderera de propiedad estatal- a abandonar sus planes de cortar una extensa área de bosques de haya en la costa oeste de la isla situada al sur del país.
El Primer Ministro de Papua Nueva Guinea (PNG) Mekere Morauta ha anunciado la intención del nuevo gobierno de imponer una moratoria a nuevas operaciones de madereo y de revisar las concesiones vigentes, muchas de los cuales se supone que han sido inadecuadamente otorgadas e implementadas. El anuncio fue bien recibido por las ONGs ambientalistas, las que consideran que ya es hora de frenar toda nueva concesión forestal en gran escala en el país.
La creciente demanda de papel y cartón, en especial en los países del Norte, constituye una de las causas directas de la deforestación y, al mismo tiempo, de la expansión de las plantaciones para pulpa -las que a su vez generalmente son una causa adicional de deforestación- para la obtención de fibra. La producción y el consumo de papel a nivel global han alcanzado guarismos tan alarmantes, que esta industria se ha convertido en una de las que demanda más recursos y genera más contaminación a nivel mundial.
"Undermining the forests. The need to control transnational mining companies: a Canadian case study" por Forest Peoples Programme, Philippine Indigenous Peoples Links y el World Rainforest Movement, publicado en enero de 2000, es el segundo informe en inglés de una serie que se centra en los impactos sociales, ambientales, económicos y políticos de las empresas transnacionales sobre los bosques y su gente. El primero de ellos, titulado "High Stakes; The Need to Control Transnational Logging Companies:a Malaysian case study" fue publicado por el WRM y Forests Monitor en agosto de 1998.
Lo que aconteció en Seattle fue histórico. Más allá de si el fracaso de la conferencia ministerial en arribar a un acuerdo fue el resultado de la acción de las miles de personas en las calles, o de las contradicciones internas de los gobiernos -o de una combinación de ambas- el hecho es que la historia se construyó en las calles y no en los conciliábulos a puertas cerradas entre los países del Norte.
Entre el 70 y el 80% de los bosques existentes originalmente en Nigeria han desaparecido y hoy en día la superficie ocupada por selva es de apenas el 12%, aún teniendo en cuenta que el país se extiende enteramente en la región tropical. La totalidad de las cuencas que todavía tienen relictos de bosque primario, y que comprenden unos 7.000 km2, está localizada en el estado de Cross River. Allí se encuentran asimismo 1.000 km2 de manglares y bosques de pantano, siendo la explotación del petróleo una importante causa de su degradación y destrucción (ver Boletín 22 del WRM).