Artículos del boletín
“Con estos contratos en los que supuestamente todos ganan, me gustaría saber qué ganan nuestras comunidades, por el contrario, nosotros salimos perdiendo e incluso estamos muriendo a fuego lento.” Con este grito de desesperación describe Célestine Ndong (1) la amarga situación que se vive en Mouilla, Gabón, donde se desarrolla desde hace algunos años el programa GRAINE [semilla en francés].
Venezuela es ampliamente conocida no solo por ser uno de los principales exportadores de petróleo en el mundo, sino también por la extraordinaria crisis que está afectando en la actualidad todos los ámbitos de la vida social del país. A pesar de la muy extensa cobertura noticiosa internacional sobre lo que allí ocurre, las versiones dominantes son notablemente sesgadas, con numerosas manipulaciones y omisiones y rara vez destacan las causas profundas de esta situación (1).
Cómo hacer de la sostenibilidad de la vida el centro de los debates.
La región centro sur de Chile sufrió a inicios de 2017 una ola de incendios que perduró por varias semanas y que afectó alrededor de 500.000 hectáreas, incluyendo bosques, monocultivos de árboles y predios de pequeños productores familiares.
Cientos de personas viviendo en las inmediaciones de las plantaciones SOCAPALM y SAFACAM fueron ir a la sede de SOCAPALM en Bonanjo, Douala, a solicitar la apertura de un diálogo serio. Los residentes locales denuncian que el diálogo es muy incierto y sin un marco sólido que permita la solución efectiva de problemas, considerando los muy pocos progresos logrados en los últimos años.
El Consejo Indigenista Misionero (CIMI) de Brasil, en apoyo a organizaciones indígenas de Perú, manifiesta una gran preocupación y se posiciona en defensa de la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan la región transfronteriza Brasil (Acre) – Perú (Madre de Dios), amenazados con el proyecto de construcción de una autopista en el lado peruano que uniría Puerto Esperanza con Iñapari.
El gobierno de Odisha cedió más de 800 hectáreas de tierra a POSCO, la empresa gigante de Corea del Sur, para la construcción de una central energética que ponía en peligro a alrededor de 4.000 familias. Desde un principio el proyecto se enfrentó a la firme resistencia de las comunidades locales, así como a serios cuestionamientos por parte de grupos de derechos humanos y ambientales por sus impactos sociales y ambientales.