El proyecto de gasoducto San Miguel-Cuiabá de Enron-Shell, que atravesará la frontera entre Bolivia y Brasil, ha sido severamente cuestionado por ONGs ambientalistas y sociales bolivianas e internacionales debido a los impactos a largo plazo que la obra tendrá sobre el bosque seco de Chiquitano, al este de Bolivia, el cual es el mayor bosque tropical seco primario existente hoy en el mundo, y sobre la cabecera de cuenca del Pantanal, el mayor humedal del globo. Comunidades rurales y pueblos indígenas que habitan el área se verán igualmente afectados.
Artículos del boletín
La gigantesca compañía Weyerhaeuser Business, con sede en los EE.UU., tiene 2.300 empleados y maneja más de 2 millones hectáreas de bosques privados en dicho país. Además, Weyerhaeuser Canadá maneja, a través de un sistema de licencias a largo plazo, unas 11 millones de hectáreas de bosques de propiedad pública en el este de Canadá. Weyerhaeuser es dueña de la mayor parte de las acciones correspondientes a un negocio de 78.000 hectáreas de plantaciones forestales en Nueva Zelanda y 25.300 hectáreas en Australia.
Con el fin de enfrentar la crítica situación de las finanzas públicas y satisfacer las demandas del FMI, en marzo pasado el Presidente Jamil Mahuad envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para la denominada Racionalización de las Finanzas Públicas. Entre otras medidas, el proyecto allanaba el camino para la privatización de 60.000 hectáreas de tierras a lo largo de la costa del Pacífico en beneficio de la industria camaronera. La operación habría significado un ingreso de U$S 60 millones al estado ecuatoriano.
Recursos Nicaragüenses y Australianos S.A. (RENAUSTRA), financiada por las empresas Mars Geosciencies y Boss Resources Corp. de Australia, está intentando desarrollar actividades de minería de oro en el área de amortiguación de la Reserva de Bosawas, donde se localiza uno de los mayores bosques tropicales remanentes de América Central.
Los representantes de las ONGs y de las Organizaciones de Pueblos Indígenas (OPIs) en el Foro Intergubernamental sobre Bosques (IFF) celebrado en Ginebra en mayo pasado compartían un sentimiento en común: el de frustración. En su tercera sesión, las discusiones del IFF no parecían avanzar hacia ningún lado y peor aún, a veces parecían estar retrocediendo. Tras una serie de reuniones, las ONGs y las OPIs decidieron presentar al plenario del IFF una declaración en común, que comenzaba diciendo:
La explotación petrolera es responsable de la destrucción de los manglares, del desplazamiento y el sufrimiento de comunidades locales, y de la degradación ambiental de las fuentes de agua y del suelo en Nigeria. Tal depredación generalmente va acompañada de brutales acciones contra miembros de la comunidad local y activistas, en las cuales comandos armados actúan como brazo ejecutor de las empresas. El Delta del Níger es una zona donde la prospección y la explotación petroleras son especialmente intensas.
La "ayuda internacional para el desarrollo" es en muchos países una de las principales causas de la destrucción de los bosques. Un ejemplo de ello es el caso de Camerún y la Unión Europea. La UE planea conceder al gobierno camerunés un subsidio por 55 millones de ECU para proyectos viales en la región meridional del país. Camerún no ha dado explicaciones acerca de qué carreteras planea construir o rehabilitar, ni se han realizado estudios de impacto ambiental para evaluar esos proyectos.
En el pasado mes de marzo el gobierno sudafricano anunció la privatización de las plantaciones forestales de la empresa estatal SAFCOL. La compañía es dueña de 320.000 hectáreas de plantaciones comerciales y de otras acciones valoradas entre 1.000 y 1.500 millones de Rand (entre U$S 160 y 250 millones).
La expansión de los monocultivos forestales en la zona templada del globo está causando preocupación debido a sus efectos negativos sobre la pradera, bioma fundamental para la producción de alimentos para el mundo y la conservación de la biodiversidad. La disminución del agua es uno de los efectos negativos más importantes asociados a este desarrollo en los países templados y Sudáfrica es un buen (mal) ejemplo de ello.
Como parte del "movimiento de reforma" iniciado con la sustitución del Presidente Suharto en mayo de 1998, el nuevo gobierno de Indonesia ha presentando importantes proyectos de ley relacionados con la explotación de los recursos naturales. Uno de ellas es la controvertida nueva Ley Forestal.
La mayoría de los incendios que destruyeron vastas áreas de la selva tropical de Indonesia en 1997 fueron provocados deliberadamente por compañías plantadoras para despejar bosques y así sustituirlos por plantaciones. En la oportunidad el propio gobierno acusó a varias de esas empresas como responsables de los incendios. Las consecuencias de los mismos llegaron a afectar toda la región, generando preocupación en los países vecinos.
La expansión de las plantaciones para pulpa y de palma aceitera han sido una causa directa de la destrucción de los bosques, que son eliminados sustituirlos por plantaciones. Durante la década de 1980 el gobierno promovió la instalación de grandes plantaciones para pulpa, principalmente de acacia, pino y gmelina destinadas a alimentar la industria de la pulpa y el papel.