Artículos del boletín

En marzo de 2007, se ha lanzado un llamado nacional e internacional ante el inminente desmonte y la destrucción total por parte de una empresa denominada UMBU S.A., de 24.000 has. (240 Km²) de monte virgen e intocado, en el corazón de la zona denominada “Amotocodie”, Norte del Chaco Paraguayo. Amotocodie es parte del territorio ancestral del Pueblo Indígena Ayoreo, y sigue siendo habitado de manera permanente por dos grupos ayoreo aislados.
Entre el 8 y el 13 de Octubre, las organizaciones de pescadores, recolectores artesanales, ambientalistas y académicos de 10 países de América Latina, organizados en la Redmanglar Internacional, se dieron cita en la localidad de Cuyutlán, Estado de Colima, México.
Los Pueblos Indígenas acaban de lograr una gran victoria a nivel de las Naciones Unidas. Después de más de 20 años de negociaciones, el 13 de setiembre la Asamblea General de la ONU adoptó finalmente la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Introducción El 27 de agosto de 2007, el ministro de Justicia, Tarso Genro, firmó las resoluciones ministeriales de delimitación de las Tierras Indígenas Tupinikim (14.227 hás.) y Comboios (3.800 hás.), totalizando 18.027 hás. Según las resoluciones, el gobierno brasileño reconoce que las tierras han sido tradicionalmente ocupadas por los Tupinikim y Guaraní y que en los últimos 40 años estuvieron ocupadas ilegalmente por Aracruz Celulose.
Hace tres años recibí, en respuesta a un artículo mío sobre la participación de la industria de la celulosa en la investigación sobre árboles genéticamente modificados (GM), o trangénicos, un correo de la Secretaría del Consejo de Manejo Forestal (FSC) en Oaxaca, México.
Si la lucha por las 11.009 hectáreas de tierras de los Tupinikim y Guaraní, en poder de la mayor exportadora de celulosa de eucalipto del mundo, Aracruz Celulose fue un gran desafio, la reocupación de este territorio y la reconversión del eucalipto existente en la zona a otro uso de la tierra, quizás sean desafios aún mayores.
Durante más de una década, el WRM ha recogido, producido y difundido información y análisis sobre el impacto social y ambiental de las plantaciones de madera rápida (“fast wood”), definidas como monocultivos de árboles de rápido crecimiento en gran escala. Asimismo, hemos destacado que esas plantaciones no deberían ser certificadas, y pusimos el énfasis en el Consejo de Manejo Forestal (FSC, Forest Stewardship Council), por ser éste el organismo que ha certificado la mayoría de tales plantaciones.
La empresa Veracel Celulose -propiedad de la sueco-finlandesa Stora Enso y de la noruego-brasileña Aracruz Celulosa- ha iniciado el proceso para obtener la certificación por parte del FSC de sus plantaciones de eucalipto en el extremo sur del estado de Bahía, para lo cual ha contratado a la consultora SGS.
Esta semana, el parlamento del estado australiano de Tasmania debatirá el proyecto de instalación de una fábrica de celulosa que la empresa Gunns planea construir sobre el puerto de Bell Bay. Si se concreta, el proyecto de 1.400 millones de dólares insumirá cuatro millones de toneladas de troncos por año, es decir que duplicará el ritmo actual de tala de los bosques nativos de Tasmania por parte de Gunns. La fábrica de celulosa producirá grandes cantidades de toxinas, lo que contaminará el aire y las aguas del estrecho de Bass.
Veintidós mujeres de diversas provincias de Kalimantan y Sumatra se reunieron en Bogor, del 22 al 24 de mayo, para discutir los efectos que han tenido las plantaciones de palma aceitera sobre sus vidas. Las mujeres y el desarrollo ¿Por qué las mujeres? Es obvio que las mujeres indonesias son protagonistas sociales que han sido marginadas por el proceso de desarrollo, que incluye el establecimiento de plantaciones de palma aceitera a gran escala.
Las plantaciones de palma aceitera en gran escala resultaron nefastas para muchos habitantes de Papúa-Nueva Guinea, en especial para las mujeres, que han sufrido cambios radicales en su vida, su trabajo, su seguridad y su salud (ver Boletín nº 120 del WRM).