Actualmente todas las personas parecen estar de acuerdo en que el clima de la Tierra está cambiando como resultado directo de las actividades humanas y que las consecuencias sociales, ambientales, políticas y económicas serán catastróficas si no se hace nada –y rápidamente- para abordar el problema.
Artículos del boletín
Hoy en día, el desarrollo de la infraestructura en nombre de la integración económica regional es una de las amenazas más grandes para la sustentabilidad ambiental y la justicia social. La iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional en Sudamérica (IIRSA) es un ejemplo de estas nuevas tendencias. IIRSA propone una serie de mega-proyectos de alto riesgo que traerán como consecuencia un enorme endeudamiento además de profundos cambios en los paisajes y las formas de vida de la región.
Un exhaustivo informe a cargo de Leigh Brownhill y Terisa E. Turner (“Climate Change and Nigerian Women’s Gift to Humanity”) relata y documenta la resistencia nigeriana a la explotación petrolera masiva, que no ha traído beneficio alguno para la gente del país (véase el boletín Nº 56 del WRM), y destaca el papel de las mujeres que lideeran esa lucha.
El volumen de combustibles fósiles que la civilización “petrolera” quema en un año contiene una cantidad de materia orgánica equivalente a cuatro siglos de plantas y animales.
El Banco Mundial ha llegado a ser el principal comerciante internacional de créditos de carbono. Su nuevo papel crea una serie de conflictos de interés.
La novena Conferencia de las Partes del Convenio de la ONU sobre el Cambio Climático, realizada en Milán en 2003, permitió a los gobiernos y a las empresas del Norte establecer plantaciones en el Sur en virtud del “Mecanismo de Desarrollo Limpio” del Protocolo de Kyoto, supuestamente para absorber dióxido de carbono y almacenar carbono. La COP-9 permitió el uso de plantaciones de árboles de ingeniería genética [conocidos también como árboles genéticamente modificados, GM o transgénicos] como sumideros de carbono, que supuestamente compensan las emisiones de carbono.
El 11 de setiembre de este año, el Instituto Brasilero del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Renovables (IBAMA), que es la autoridad brasileña de Medio Ambiente, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de dos represas en territorio brasileño, sobre el río Madera, el mayor afluente del Amazonas.
El mes pasado escribí un artículo sobre la certificación FSC de la “silvicultura de aldea” en Laos. El artículo se basó en un informe filtrado de un proyecto del Banco Mundial y el gobierno de Finlandia, el Proyecto forestal sustentable y desarrollo rural (SUFORD). El informe del SUFORD documentaba graves problemas con el madereo vinculado con el proyecto, 39.000 hectáreas del cual han sido certificadas por SmartWood según el sistema del Consejo de Manejo Forestal (FSC).
De manera similar a lo que ha sucedido en varios países del Sur acosados por siglos de colonialismo, la riqueza de Liberia también ha sido su maldición. Los bosques tropicales ocupan el 47 por ciento de las tierras de Liberia. Entre 1989 y 2003, los ingresos originados por los bosques fueron utilizados para financiar un brutal conflicto alimentado por el saqueo de los bosques. La madera constituía un recurso clave para las facciones armadas de Liberia. Salía madera y entraba dinero y armas. Se habían otorgado tantas concesiones que totalizaban más que el área de tierras de Liberia.
En el año 2004, a la Red Alerta contra el Desierto Verde -que realiza campañas en Brasil contra la expansión de las plantaciones de árboles- se le ocurrió la idea de establecer el 21 de setiembre (Día del Árbol en Brasil) como Día Internacional contra los monocultivos de árboles. La idea fue apoyada por organizaciones en todo el mundo, que desde entonces llevan a cabo una serie de actividades especiales en esta fecha.
En el marco de la campaña nacional e internacional “¡Basta de violencia en el campo! ¡Corte este mal por la raíz!” impulsada por la Rel-UITA y la Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura (CONTAG) de Brasil, contra la violencia rural en ese país, un equipo integrado por Álvaro Santos, Emiliano Camacho y quien esto escribe viajó desde Montevideo, Uruguay, al estado de Pará, en la Amazonia brasileña. El propósito fue filmar un video documental que recogiera testimonios de algunos de las decenas de casos de dirigentes rurales asesinados o amenazados de muerte.
El PEFC fue establecido entre 1998 y 1999 por sectores forestales nacionales –principalmente asociaciones de pequeños propietarios de bosques en varios países europeos- bajo el nombre de Esquema Paneuropeo de Certificación Forestal (Pan European Forest Certification Scheme). El cambio a su nombre actual (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Programa para Avalar Esquemas de Certificación Forestal) ocurrió luego que diera su aval a otros sistemas no europeos.